El Gobierno nacional reconoció que parte de los recursos que, según la normativa, tienen como destino específico la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales son utilizados por el Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, quien explicó que una parte de los impuestos recaudados va a Vialidad Nacional, mientras que otra es administrada por Economía en el marco de la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei.
Los fondos forman parte del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que se alimenta principalmente con una porción del impuesto a los combustibles. Su objetivo es financiar obras y tareas vinculadas con la red vial nacional.
Sin embargo, los números muestran una diferencia significativa entre lo que se recauda y lo que efectivamente llega a las rutas.
Entre 2024 y los primeros cinco meses de 2026, el SisVial recaudó alrededor de $1,5 billones. De ese total, se ejecutaron unos $394.000 millones, mientras que más de $1 billón permanecía sin aplicar a obras viales al cierre de mayo.
La situación adquiere mayor relevancia porque no se trata simplemente de recursos generales del Estado. El fondo fue creado precisamente para garantizar que una parte de lo recaudado a través de los combustibles tuviera como destino la infraestructura vial.
La ejecución fue especialmente baja en 2024, cuando se utilizó apenas el 11,3% de lo recaudado. En 2025 alcanzó el 39%, mientras que entre enero y mayo de 2026 volvió a ubicarse en el 18,5%.
El Gobierno sostiene que las rutas reciben mantenimiento y que los recursos forman parte de una administración general orientada a ordenar las cuentas públicas. Pero queda planteada una discusión concreta: qué ocurre cuando un fondo creado para una finalidad específica acumula recursos mientras las obras y tareas de mantenimiento avanzan a un ritmo mucho menor.
El problema no queda encerrado en una planilla contable. Las consecuencias de la falta de inversión vial aparecen en rutas deterioradas, obras demoradas, dificultades para el transporte de cargas y mayores riesgos para quienes circulan diariamente.
Además, distintas provincias vienen reclamando que la Nación se haga cargo de las rutas nacionales o transfiera las jurisdicciones acompañadas por los recursos necesarios. El deterioro de corredores estratégicos también genera mayores costos para transportistas, productores y para quienes utilizan esas rutas para trabajar, viajar o trasladar mercadería.
En este escenario, el debate ya no pasa solamente por cuánto recauda el Estado, sino por qué destino tienen los impuestos que pagan los argentinos cada vez que cargan combustible.
Si el dinero fue creado y recaudado para mantener las rutas, la pregunta resulta inevitable: ¿cuánto tiempo puede permanecer ese dinero en inversiones financieras mientras la infraestructura que debía financiar continúa esperando?
El equilibrio fiscal puede ser un objetivo de cualquier administración. Pero también lo es garantizar que los recursos afectados por ley cumplan con la finalidad para la que fueron creados.
Porque en las rutas, el costo de postergar el mantenimiento no siempre aparece en una cuenta bancaria. Muchas veces se traduce en más gastos para quienes viajan y transportan, mayor deterioro de la infraestructura y obras que, cuando finalmente deben realizarse, terminan siendo mucho más caras.