El Gobierno consiguió una montaña de pesos en una reciente licitación de deuda. El problema es que, cuando llegó el momento de explicar dónde estaban esos fondos, la respuesta oficial terminó siendo tan llamativa como preocupante: “En algún lado están”.
Se trata de alrededor de $4 billones que quedaron como excedente después de una operación de deuda del Tesoro. Una cifra difícil de dimensionar para cualquier ciudadano, pero que adquiere todavía más relevancia cuando se trata de recursos públicos y cuando el Gobierno hace de la transparencia y el orden de las cuentas uno de los principales argumentos de su política económica.
La cuestión llegó hasta Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Consultado por el destino de esos fondos, el funcionario indicó que el BCRA no podía precisar dónde se encontraba el excedente porque se trata de una cuestión correspondiente al Tesoro Nacional.
La explicación no despejó la duda. Al contrario, dejó expuesta una situación difícil de justificar: se habla de billones de pesos y la máxima autoridad monetaria del país no puede señalar con precisión dónde están registrados.
No significa que los $4 billones hayan sido robados ni que exista, hasta ahora, evidencia de un delito. Tampoco puede afirmarse que el dinero haya desaparecido físicamente.
El problema es otro y no es menor: no existe una explicación pública clara y sencilla que permita seguir el recorrido de esos fondos.
La discusión se originó después de una licitación en la que el Tesoro colocó títulos por una cifra superior a los vencimientos que debía afrontar, generando un excedente de liquidez cercano a los $4 billones.
En los registros posteriores aparecieron movimientos que despertaron interrogantes entre economistas y especialistas. Parte del dinero no se reflejó inicialmente en la cuenta del Tesoro en el Banco Central y luego comenzaron a registrarse movimientos que hicieron todavía más difícil reconstruir el recorrido de los fondos.
La respuesta de Bausili terminó convirtiéndose en el dato político de la jornada. Frente a la pregunta sobre dónde estaba el dinero, sostuvo que “en algún lado están”.
La frase puede parecer apenas una salida desafortunada ante una pregunta incómoda. Pero cuando se habla de $4 billones de fondos públicos, el problema es bastante más serio.
Porque el Gobierno que les pide a los argentinos que hagan un esfuerzo permanente para sostener el equilibrio fiscal también tiene la obligación de explicar con precisión qué hace con cada peso que administra.
Y la cuestión no termina en los pesos.
También se registraron movimientos en las tenencias en dólares del Tesoro que generaron nuevas preguntas sobre el manejo de las reservas y de los fondos públicos. En un escenario donde el Gobierno necesita permanentemente dólares para afrontar compromisos de deuda y sostener su estrategia financiera, cualquier movimiento relevante debería estar acompañado por explicaciones transparentes.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que muchas veces queda encerrada en términos técnicos: la plata pública tiene que poder seguirse.
No alcanza con decir que los fondos “están en algún lado”. Hay que poder informar dónde, bajo qué instrumento financiero, quién los administra, por qué se movieron y cuál es su destino.
Para el ciudadano común, $4 billones es una cifra casi imposible de imaginar. Pero hay una forma sencilla de entender la gravedad del asunto: es dinero que pertenece al Estado y, por lo tanto, a la sociedad.
Mientras se recortan jubilaciones, se frenan obras, se reducen partidas y se reclama austeridad en nombre del equilibrio fiscal, resulta razonable que exista también un nivel equivalente de exigencia sobre la administración de los recursos públicos.
El Gobierno puede explicar que no hubo un faltante. Puede aclarar que se trata de movimientos entre distintas cuentas o instrumentos financieros. Puede demostrar dónde están los fondos.
Lo que no debería hacer es dejar como respuesta que “en algún lado están”.
Porque cuando se trata de $4 billones, saber dónde está la plata no debería ser un misterio, ni una cuestión de interpretación contable.
Debería ser información pública, precisa y verificable.