La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2025 y los números volvieron a poner su patrimonio bajo la lupa. Según la información difundida a partir de la presentación, declaró bienes por $194.345.904, una cifra que representa un incremento del 223% respecto del patrimonio informado al cierre de 2024. (Radio del Sol Pehuajó)
El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con la evolución de los precios. La inflación acumulada durante 2025 fue del 31,5%, según el INDEC. Es decir, el crecimiento nominal del patrimonio declarado por la funcionaria quedó muy por encima de la suba general de precios. (INDEC)
Uno de los detalles que más llamó la atención aparece en el apartado correspondiente a los vehículos. La declaración incluye un automóvil con una valuación fiscal de $0. Se trata de un dato que, más allá de su explicación administrativa o fiscal, resulta llamativo cuando se observa el conjunto de los bienes declarados.
La declaración jurada no representa necesariamente el valor de mercado de los bienes. Los funcionarios deben informar sus activos bajo los criterios establecidos para este tipo de presentaciones, por lo que una valuación fiscal puede quedar muy alejada del precio que tendría un inmueble o un vehículo si fuera ofrecido en el mercado.
El salto patrimonial de Pettovello se produce mientras continúa al frente del Ministerio de Capital Humano, una de las áreas más sensibles de la administración de Javier Milei por su responsabilidad sobre políticas sociales, asistencia alimentaria, educación y otros programas destinados a sectores vulnerables.
Por eso, más allá de la discusión estrictamente contable, la difusión de una declaración jurada de estas características vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que excede a la propia funcionaria: la importancia de que los patrimonios de quienes ocupan cargos públicos sean transparentes y puedan ser comprendidos por cualquier ciudadano.
En la Argentina cotidiana, donde los ingresos familiares deben hacer frente al aumento de alimentos, alquileres, servicios y transporte, las variaciones patrimoniales de los funcionarios adquieren inevitablemente una lectura social. No porque un crecimiento patrimonial implique por sí mismo una irregularidad, sino porque quienes administran áreas vinculadas directamente con las necesidades de la población deben rendir cuentas con la mayor claridad posible.
Las declaraciones juradas son, justamente, una de las herramientas previstas para conocer qué bienes tienen los funcionarios, cómo evolucionan sus patrimonios y cuáles son sus ingresos. En el caso de Pettovello, los números de 2025 vuelven a instalar ese debate: mientras el Gobierno sostiene que la inflación está bajo control, el patrimonio declarado por una de sus principales funcionarias muestra una evolución muy superior a la de los precios.
La diferencia entre una situación y otra no constituye por sí sola una prueba de irregularidad. Pero sí representa un dato público que merece ser observado, explicado y contrastado con la documentación correspondiente.
En tiempos en los que desde el Estado se reclama austeridad y se les pide a los ciudadanos hacer esfuerzos para acomodar sus gastos a una economía todavía exigente, la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública no pasa inadvertida.
Y ahí aparece la pregunta que queda abierta: ¿cómo se explica, en detalle, una evolución patrimonial del 223% en un año en el que la inflación fue del 31,5%?
La respuesta deberá surgir de los propios números de la declaración jurada y de las explicaciones correspondientes. Porque la transparencia patrimonial no debería ser solamente una obligación administrativa: también es una condición necesaria para sostener la confianza pública.