El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El consorcio encabezado por Rowing S.A., junto con Arcos, Transclor y PHX, presentó la oferta más alta: US$ 340,2 millones por el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional. La propuesta superó a la del grupo Roggio, que ofertó US$ 285 millones. El proceso todavía debe completar las instancias administrativas correspondientes.
La operación forma parte del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional y representa un cambio en el manejo de una empresa que brinda un servicio esencial para millones de personas. AySA abastece de agua potable y presta servicios de saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y numerosos municipios del conurbano bonaerense.
El Gobierno sostiene que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la gestión, ampliar la cobertura y reducir la necesidad de recursos públicos. Sin embargo, la operación vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica en la Argentina: ¿privatizar una empresa garantiza que funcione mejor?
La experiencia demuestra que el cambio de manos, por sí solo, no asegura eficiencia, inversiones suficientes ni tarifas accesibles. Para que una privatización beneficie a la sociedad, se necesitan contratos claros, controles efectivos, sanciones ante incumplimientos y obligaciones de inversión verificables. De lo contrario, el interés comercial puede entrar en tensión con las necesidades de los usuarios.
Además, la venta de una empresa estatal genera ingresos inmediatos para el Estado, pero implica ceder el control directo sobre un activo estratégico. Por eso, no alcanza con analizar cuánto dinero ingresa por la operación: también hay que evaluar qué compromisos asume el comprador, cómo se fiscalizará su cumplimiento y qué mecanismos protegerán a la población frente a posibles aumentos de tarifas o deficiencias en el servicio.
Otro punto central es la transparencia. En cada privatización resulta indispensable conocer quiénes están detrás de las empresas adjudicatarias y garantizar que el proceso se desarrolle sin favoritismos ni beneficios derivados de vínculos políticos o empresariales. Se trata de bienes públicos y decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas.
En el caso de AySA, el impacto será cotidiano. El acceso al agua potable y a las cloacas no es un lujo ni una prestación comercial más: es una necesidad básica vinculada con la salud pública, la higiene y la calidad de vida. Por eso, el desafío será garantizar que las inversiones se traduzcan en nuevas redes, mantenimiento adecuado y una prestación confiable, sin que los costos recaigan de manera desproporcionada sobre los usuarios.
La discusión no termina con una oferta de US$ 340 millones. El verdadero balance de la privatización dependerá de los resultados: si mejora la calidad del servicio, si se amplía la cobertura, si se cumplen las inversiones y si las familias pueden seguir accediendo a un servicio esencial a un costo razonable.