La comunidad universitaria realizará este jueves 15 de octubre la quinta Marcha Federal Universitaria, con movilizaciones en todo el país para reclamar una recomposición salarial, mayor presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se desarrollará en medio de un conflicto que suma capítulos judiciales: el Gobierno de Javier Milei apeló el fallo que le ordenó aplicar la norma, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y no docentes. Los sectores universitarios exigen que se actualicen los salarios, se garanticen los recursos para el funcionamiento de las instituciones y se cumpla con la legislación vigente.
La movilización tendrá como escenario central el Congreso de la Nación, donde también se debatirán otros temas de interés social. La coincidencia entre la protesta y la actividad legislativa vuelve a colocar el financiamiento universitario en el centro de la discusión política.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en 2025. Después de que el presidente Milei la vetara, ambas cámaras del Congreso insistieron con la norma mediante las mayorías constitucionales necesarias. El Poder Ejecutivo finalmente la promulgó, pero condicionó su aplicación a la disponibilidad de recursos y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
Ante esa situación, las universidades acudieron a la Justicia para exigir su cumplimiento. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto que condicionaba la aplicación de la ley y ordenó al Gobierno ponerla en marcha. El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía suspender, mediante un decreto, una norma que el Congreso había ratificado después de rechazar el veto presidencial.
El Gobierno apeló la decisión y sostuvo que la aplicación de la ley compromete recursos presupuestarios que deben contar con una fuente de financiamiento definida. La apelación fue concedida y el expediente pasó a una instancia judicial superior. Sin embargo, esa decisión no dejó sin efecto la medida cautelar que obliga al Estado a avanzar con la actualización de salarios y becas universitarias.
Así, mientras el Ejecutivo busca revertir judicialmente la resolución, las universidades reclaman que se cumpla una ley aprobada por el Congreso y que las decisiones de la Justicia se traduzcan en medidas concretas. La disputa ya no se limita a una discusión presupuestaria: también plantea un interrogante sobre los límites de la actuación del Gobierno frente a una norma sancionada por el Poder Legislativo.
Detrás del conflicto están los salarios de docentes y trabajadores no docentes, los gastos cotidianos de las instituciones, las becas estudiantiles y los recursos destinados a la investigación científica y a los hospitales universitarios. La falta de financiamiento suficiente puede afectar las condiciones de enseñanza, el desarrollo de las carreras y las posibilidades de miles de estudiantes de continuar sus estudios.
El Gobierno sostiene que la aplicación de la norma debe encuadrarse en las reglas presupuestarias y contar con recursos disponibles. Desde las universidades, en cambio, advierten que la demora en la ejecución de la ley profundiza las dificultades económicas de las instituciones y deteriora las condiciones en las que se desarrolla la actividad académica.
La marcha de este jueves buscará sumar presión social para que se cumpla la ley y se garantice el financiamiento de las universidades nacionales. La discusión excede a las autoridades académicas y a los gremios: involucra a estudiantes, familias, investigadores y comunidades que dependen de la educación superior pública.
Con el conflicto todavía abierto y una nueva instancia judicial en marcha, la movilización volverá a poner sobre la mesa una pregunta central: qué recursos está dispuesto a destinar el Estado para sostener la universidad pública y hasta dónde puede el Gobierno demorar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso.