El Gobierno nacional promulgó una nueva ley que habilita un régimen excepcional para regularizar armas de fuego que no se encuentren registradas o cuya documentación presente irregularidades. La medida, que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás, establece un plazo de 360 días para que los poseedores de este tipo de armamento puedan presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y normalizar su situación.
La normativa comenzará a regir plenamente a partir de julio y busca incorporar al sistema oficial miles de armas que actualmente se encuentran fuera de los registros estatales. Para ello, la ANMAC deberá realizar las verificaciones técnicas y administrativas correspondientes antes de autorizar la incorporación de cada arma al Banco Nacional Informatizado de Datos.
Uno de los puntos que más debate genera es que quienes se presenten voluntariamente para regularizar su situación no recibirán sanciones penales ni administrativas por la tenencia irregular previa, siempre que no se encuentren imputados en causas judiciales vinculadas a esos materiales. La exención busca incentivar que las armas que hoy permanecen fuera del control estatal ingresen al sistema formal de registración.
Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a mejorar la trazabilidad y el control sobre el armamento en circulación, permitiendo que el Estado cuente con información más precisa sobre la cantidad y ubicación de armas de uso civil existentes en el país. En ese sentido, remarcan que la registración facilitará las tareas de fiscalización y seguimiento.
La ley también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. A través de esta iniciativa, las personas podrán entregar armas de manera anónima para su posterior destrucción, sin consecuencias legales. El objetivo es reducir la cantidad de armamento fuera de circulación y promover mecanismos de control y prevención.
La decisión se suma a una serie de cambios impulsados por la administración de Javier Milei en materia de política armamentística. Mientras sectores afines al Gobierno sostienen que estas medidas simplifican trámites y modernizan el sistema, distintos espacios políticos y organizaciones especializadas vienen expresando preocupación por la flexibilización de normas vinculadas a la tenencia y control de armas en Argentina.
Con esta nueva legislación, el Ejecutivo apuesta a incorporar al circuito legal una importante cantidad de armas actualmente no registradas, en una iniciativa que abre nuevamente el debate sobre los alcances de las políticas de seguridad y control estatal.