El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés en el Senado y se vio obligado a retirar del proyecto oficial el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La decisión llegó luego de comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobar uno de los puntos que había generado mayor rechazo entre la oposición, organizaciones sociales y sectores ambientalistas.
Lejos de desactivar el conflicto, la marcha convocada para este jueves frente al Congreso fue ratificada. Los organizadores sostienen que el retiro del capítulo representa una derrota política para el oficialismo, pero advierten que el resto de la iniciativa mantiene reformas que consideran perjudiciales para el acceso a la tierra, la protección del ambiente y el rol del Estado.
La modificación impulsada por el Gobierno buscaba flexibilizar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, el rechazo que encontró tanto dentro como fuera del Congreso terminó obligando al Ejecutivo a dar marcha atrás para evitar una nueva derrota legislativa.
La movilización fue convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto a organizaciones campesinas, movimientos sociales, ambientalistas y espacios políticos que rechazan el proyecto. “Hay que voltear todo el proyecto”, fue una de las consignas difundidas por los convocantes, quienes sostienen que el problema no era únicamente la reforma de la Ley de Tierras.
Según denuncian, la iniciativa también introduce cambios en materia de desalojos, expropiaciones y protección de territorios afectados por incendios, medidas que, afirman, favorecen una menor intervención estatal en conflictos vinculados con la tierra y los recursos naturales.
Desde el Gobierno defienden el proyecto al asegurar que apunta a fortalecer el derecho de propiedad, brindar mayor seguridad jurídica y generar condiciones para atraer inversiones. Sin embargo, la necesidad de retirar uno de sus principales artículos dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para reunir consensos en el Congreso.
Con la sesión prevista para este jueves, el escenario vuelve a mostrar un Parlamento dividido y una fuerte movilización social en las calles. Aunque el Ejecutivo consiguió mantener vivo el tratamiento del proyecto, debió resignar uno de sus ejes centrales para evitar una derrota que aparecía como inevitable.