El Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte presupuestario que impacta sobre universidades, ciencia y tecnología, en una decisión que volvió a encender el conflicto con estudiantes, docentes e investigadores. La medida se conoció apenas horas antes de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada en todo el país para reclamar por financiamiento y salarios.
La reasignación de partidas fue publicada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y forma parte del plan de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei. Entre las áreas afectadas aparecen programas educativos, obras universitarias, infraestructura científica y organismos de investigación.
Según distintos informes y medios nacionales, el recorte sobre Educación supera los 63 mil millones de pesos, mientras que en Ciencia y Tecnología ronda los 4.500 millones. También se redujeron fondos para infraestructura universitaria y proyectos vinculados al desarrollo atómico y espacial.
En varias universidades nacionales ya advierten que la situación afecta el funcionamiento cotidiano: menos recursos para mantenimiento, demoras en obras, problemas para sostener laboratorios y una fuerte pérdida salarial entre docentes e investigadores. En muchos casos, los reclamos no son solamente institucionales sino también personales: profesionales altamente capacitados buscan otros trabajos para completar ingresos.
El conflicto universitario viene creciendo desde 2024 y ya tuvo varias movilizaciones masivas. Los rectores y gremios sostienen que el Gobierno no está cumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La nueva marcha federal, prevista para este martes, volverá a reunir a estudiantes, docentes, investigadores y sindicatos en distintos puntos del país. Incluso la CGT confirmó su participación, ampliando el respaldo político y sindical a la protesta.
Más allá de la discusión técnica sobre partidas presupuestarias, el debate también atraviesa la vida cotidiana. En ciudades universitarias, el deterioro del sistema público impacta sobre miles de estudiantes que dependen de la educación estatal para estudiar y trabajar. También afecta economías regionales enteras vinculadas a universidades, becas, investigación y empleo científico.
En paralelo, especialistas advierten que el recorte sostenido sobre ciencia y tecnología puede generar una nueva fuga de profesionales al exterior y frenar proyectos estratégicos en áreas como salud, energía y desarrollo productivo.
La discusión vuelve a instalar una pregunta de fondo: qué lugar ocupa la educación pública y la ciencia en el modelo económico actual, mientras el Gobierno mantiene como prioridad central el ajuste fiscal.