Mientras millones de usuarios todavía intentan acomodarse a los fuertes aumentos de tarifas aplicados desde 2023, el Gobierno nacional ahora avanza con un nuevo ajuste: el recorte del régimen de Zona Fría que hoy beneficia a miles de hogares de Cañuelas y gran parte del interior bonaerense.
La iniciativa ya fue enviada al Congreso por la administración de Javier Milei y plantea reducir el alcance de los descuentos en las boletas de gas que actualmente van del 30% al 50%. El objetivo oficial es volver prácticamente al esquema anterior a la ampliación de 2021, dejando afuera a gran parte de las localidades incorporadas durante los últimos años.
En la práctica, el proyecto golpea especialmente a municipios bonaerenses como Cañuelas, donde el beneficio había comenzado a funcionar como un alivio frente al peso creciente de las tarifas. Según distintas estimaciones, unos 800 mil hogares de la provincia podrían perder parte del subsidio si el proyecto avanza.
La discusión llega además después de más de dos años de subas históricas en el servicio de gas. Desde fines de 2023, el Gobierno aplicó quitas de subsidios, aumentos en transporte y distribución y actualizaciones permanentes de tarifas que provocaron boletas con incrementos acumulados superiores al 600% y, en algunos casos, incluso por encima del 1.000%.
En ciudades como Cañuelas, donde el invierno obliga a un consumo elevado de gas para calefacción y agua caliente, el impacto económico ya se siente en hogares, comercios, clubes, centros culturales y pequeños emprendimientos.
La paradoja que remarcan distintos sectores es que mientras el Gobierno impulsa recortes sobre el consumo residencial, al mismo tiempo promueve multimillonarias inversiones energéticas vinculadas a Vaca Muerta y al negocio exportador del gas. En las últimas semanas se anunciaron proyectos privados por miles de millones de dólares para ampliar producción, transporte y exportación de gas natural bajo el esquema del RIGI.
Desde el oficialismo sostienen que el recorte busca “ordenar” el sistema y focalizar subsidios únicamente en hogares vulnerables. Sin embargo, defensores del consumidor y sectores políticos de distintas provincias advierten que se trata de un nuevo ajuste sobre sectores medios y trabajadores que ya vienen absorbiendo aumentos permanentes en servicios básicos.
La iniciativa todavía debe debatirse en el Congreso y ya genera tensiones con gobernadores e intendentes del interior, que observan con preocupación el impacto social que podría tener la medida justo antes del invierno.
En Cañuelas, donde muchas familias ya modificaron hábitos de consumo para poder pagar luz, gas y alimentos, la posibilidad de nuevos aumentos vuelve a encender alarmas sobre el deterioro del poder adquisitivo y el costo cada vez más alto de sostener servicios esenciales.