El Banco Central reconoció que la actividad económica volvió a caer durante el tercer trimestre y que Argentina habría entrado en recesión técnica. Mientras la producción pierde fuerza y el consumo sigue bajo presión, el Fondo Monetario Internacional ratifica su respaldo al Gobierno y podría habilitar otros 900 millones de dólares en diciembre.
La economía argentina vuelve a mostrar señales de deterioro. Ya no se trata solamente de advertencias de economistas o cuestionamientos de la oposición: el propio Banco Central reconoció que la actividad económica cayó durante el tercer trimestre de 2026. Si se confirma esa contracción, el país habrá ingresado en una recesión técnica, después de la caída del 0,6% registrada en el segundo trimestre.
El dato expone una contradicción cada vez más difícil de disimular en el discurso oficial. Mientras el Gobierno insiste en mostrar los resultados de su programa económico y celebra la estabilidad de algunas variables financieras, la economía real sigue sin encontrar un camino firme de recuperación.
Detrás de los números hay una realidad que se siente en la calle: comercios que venden menos, empresas que reducen su producción, trabajadores que enfrentan la incertidumbre laboral y familias que recortan gastos porque los ingresos no alcanzan. La recesión no es una discusión técnica entre especialistas: se traduce en menos movimiento económico y mayores dificultades para llegar a fin de mes.
Sin embargo, desde Washington llega una señal muy diferente. El Fondo Monetario Internacional volvió a ratificar su respaldo al programa de Javier Milei. Su vocera, Julie Kozack, sostuvo que la manera de seguir reduciendo el riesgo país es continuar con la implementación de las políticas económicas acordadas.
El organismo incluso podría aprobar en diciembre un nuevo desembolso de 900 millones de dólares. Una nueva inyección de fondos que le daría oxígeno financiero al Gobierno, aunque no necesariamente implique una mejora inmediata en los ingresos de los argentinos.
El respaldo del Fondo también tiene condiciones. El acuerdo contempla profundizar cuatro líneas de reformas: flexibilizar las relaciones laborales, ampliar los créditos hipotecarios y el mercado financiero, avanzar con concesiones de infraestructura y acelerar las inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Desde el FMI sostienen que estas medidas permitirán atraer inversiones y generar empleo privado. Pero la pregunta es quiénes se beneficiarán primero y cuánto tiempo deberá esperar el resto de la sociedad para ver resultados concretos.
Porque mientras se anuncian inversiones millonarias y se negocian nuevos desembolsos, la actividad productiva sigue mostrando dificultades. Para las pequeñas y medianas empresas, los comercios y los trabajadores que dependen del mercado interno, la promesa de una recuperación futura no alcanza para resolver los problemas del presente.
En distritos como Cañuelas, donde el comercio, la industria, los servicios y la actividad agropecuaria forman parte del entramado económico cotidiano, una economía nacional que se enfría también se siente en las ventas, el empleo y la circulación de dinero.
El Gobierno apuesta a que el ajuste, las reformas y la llegada de inversiones permitan revertir el escenario. El FMI acompaña y reclama profundizar ese camino. Pero hay una diferencia entre conseguir el respaldo de los organismos financieros y conseguir que la economía funcione para la mayoría.
Por ahora, el Fondo sigue dando su aprobación, mientras el Banco Central reconoce la caída de la actividad. Y la pregunta que todavía no tiene respuesta es cuándo la estabilidad que celebra el Gobierno dejará de ser una promesa para convertirse en trabajo, producción y alivio para los bolsillos.