El salario mínimo, vital y móvil sufrió una fuerte pérdida de poder de compra desde noviembre de 2023. Según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), su capacidad adquisitiva cayó un 40,8% durante ese período, una disminución que vuelve a poner en discusión cuánto alcanza el ingreso básico frente al costo de vida.
La pérdida del poder adquisitivo implica que, aun cuando una persona recibe un ingreso en pesos, puede comprar una cantidad considerablemente menor de bienes y servicios que antes. Alimentos, transporte, servicios públicos y otros gastos esenciales compiten por una porción cada vez más limitada del presupuesto familiar.
El impacto no se limita a quienes cobran directamente el salario mínimo. También afecta las negociaciones salariales, las referencias utilizadas en distintos ámbitos laborales y el ingreso de trabajadores que ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.
En los hogares de menores recursos, cualquier deterioro del ingreso tiene consecuencias inmediatas. Se postergan compras, se reducen consumos y se vuelve más difícil afrontar gastos imprevistos. Cuando la pérdida salarial coincide con un mercado laboral debilitado, las posibilidades de compensar esos ingresos mediante un cambio de empleo también pueden reducirse.
El salario mínimo constituye una referencia básica de la política laboral y su evolución permite observar una parte de la distribución de los ingresos. Sin embargo, para evaluar su alcance real es necesario compararlo con el costo de una canasta de bienes y servicios y con las necesidades concretas de los hogares.
La caída del 40,8% informada por la UBA muestra la magnitud del deterioro acumulado desde noviembre de 2023. El desafío es que los ingresos recuperen capacidad de compra y que el trabajo vuelva a ofrecer condiciones materiales suficientes para sostener una vida digna.