La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña de recolección de firmas para rechazar la posible eliminación del régimen de Zona Fría, un beneficio que actualmente permite reducir el costo del servicio de gas para millones de usuarios bonaerenses.
La iniciativa surge ante el avance de un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional que propone derogar la ampliación del régimen aprobada en 2021. De concretarse, alrededor de 1,3 millones de usuarios de la provincia perderían los descuentos vigentes y enfrentarían aumentos que podrían oscilar entre el 50% y el 100% en sus facturas.
Desde el organismo que conduce Guido Lorenzino sostienen que la medida tendría un fuerte impacto social, especialmente en un contexto económico marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento sostenido de los servicios públicos y las dificultades que atraviesan muchas familias para afrontar los gastos básicos del hogar.
La campaña busca reunir el respaldo de vecinos y vecinas para solicitar a los legisladores nacionales que mantengan vigente el régimen. En Cañuelas, quienes deseen adherir al reclamo pueden acercarse a la delegación local de la Defensoría, ubicada en San Martín 452.
Uno de los principales argumentos de quienes promueven la eliminación del beneficio es que la ampliación incorporó localidades que no presentan condiciones climáticas extremas. Sin embargo, desde la Defensoría remarcan que la inclusión de los 94 municipios bonaerenses alcanzados por la ley se realizó sobre la base de estudios técnicos oficiales elaborados por el ENARGAS, utilizando criterios establecidos por las normas IRAM de clasificación bioambiental.
Además, señalan que el consumo de gas no depende únicamente de la temperatura mínima registrada, sino también de la duración de los períodos fríos y de las necesidades de calefacción durante buena parte del año. En zonas como la Costa Atlántica y amplias regiones del interior bonaerense, el uso residencial del gas se extiende durante varios meses más que en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La preocupación también se centra en las consecuencias que podría generar la quita del beneficio en pleno período invernal. Organizaciones sociales y especialistas advierten que un incremento significativo en las boletas podría llevar a muchas familias a restringir el uso de calefacción para reducir gastos, una situación que impacta directamente en la calidad de vida y en la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Mientras el debate continúa en el Congreso, la Defensoría busca sumar adhesiones para visibilizar el reclamo y sostener una política que, según sostienen, busca compensar las diferencias climáticas y garantizar un acceso más equitativo a un servicio esencial.