El gobierno de Javier Milei firmó un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que contempla asistencia tecnológica, entrenamiento especializado y apoyo operativo para reforzar la vigilancia en el Atlántico Sur durante los próximos cinco años. La decisión volvió a generar fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales, que advirtieron sobre una posible pérdida de soberanía y un alineamiento cada vez más profundo con la administración de Donald Trump.
El convenio, denominado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”, fue oficializado por el Comando Sur estadounidense y firmado entre representantes de la Armada Argentina y la Cuarta Flota de Estados Unidos. Entre los primeros pasos anunciados figura la entrega de equipamiento tecnológico para tareas de patrullaje marítimo, además de capacitación militar y cooperación estratégica para detectar e interceptar amenazas en el mar argentino.
Desde la oposición señalaron que el acuerdo representa otro gesto de subordinación internacional del Gobierno nacional hacia Washington. Las críticas apuntan especialmente al rol que podría asumir Estados Unidos en una región considerada estratégica por sus recursos naturales, su actividad pesquera y su cercanía con la Antártida. Además, volvió a ponerse sobre la mesa la discusión sobre una eventual base conjunta en Ushuaia y el avance de intereses extranjeros en el sur del país.
El acercamiento entre la gestión libertaria y la Casa Blanca no es nuevo. Desde el inicio de su mandato, Milei profundizó los vínculos políticos y militares con Estados Unidos, incluyendo reuniones con autoridades del Comando Sur y ejercicios conjuntos entre fuerzas navales de ambos países. Para el oficialismo, este tipo de acuerdos representan una oportunidad para modernizar las capacidades de control marítimo y fortalecer la seguridad nacional. Sin embargo, distintos sectores sostienen que detrás de esa cooperación existe una creciente dependencia geopolítica que compromete decisiones soberanas sobre el Atlántico Sur.
Mientras el Gobierno defiende el convenio como una herramienta de cooperación estratégica, las críticas continúan creciendo por el impacto político y militar que podría tener en una zona históricamente sensible para la Argentina.