El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde su llegada al Gobierno. Mientras avanza la investigación judicial sobre la evolución de su patrimonio, en las últimas horas se conocieron nuevos datos sobre compras de equipos tecnológicos de alta gama que habrían sido realizadas por un monto cercano a los seis millones de pesos, una cifra superior al salario mensual que percibía en ese momento.
Las operaciones habrían sido realizadas durante agosto de 2025 desde su cuenta personal de una billetera virtual por un total de $5.848.589, cuando su sueldo como funcionario rondaba los $3,5 millones.
Uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es la modalidad de pago. Los equipos habrían sido abonados con tarjetas de crédito pertenecientes a empleados públicos que trabajaban bajo su órbita en la entonces Vocería Presidencial, un hecho que también forma parte de las actuaciones que rodean el caso.
Entre los artículos adquiridos se mencionan un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 4K, valuado en más de $2,1 millones, y dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K, de aproximadamente $1,8 millones cada uno.
Estas revelaciones se suman a otros gastos personales de alto valor que salieron a la luz en las últimas semanas, como obras en una vivienda, mobiliario y otros bienes que también son analizados en el marco de la investigación patrimonial.
La causa tomó mayor relevancia luego de que el propio Adorni reconociera haber mantenido durante años importantes ahorros no declarados, que atribuyó a inversiones en criptomonedas y que posteriormente incorporó a sus declaraciones juradas. Esa situación derivó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito para determinar si existe correspondencia entre sus ingresos y el patrimonio acumulado.
En paralelo, la situación política del jefe de Gabinete también se ha deteriorado. En los pasillos de la Casa Rosada crecen las versiones sobre una posible salida del funcionario, cuya continuidad dependería de las decisiones que adopte el presidente Javier Milei en los próximos días.
Incluso, comienza a mencionarse posibles reemplazantes para ocupar la Jefatura de Gabinete, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial y el Gobierno mantiene silencio sobre el tema.
Más allá del desenlace judicial o político, el caso volvió a instalar el debate sobre la transparencia en la función pública y el manejo del patrimonio de quienes ejercen cargos de máxima responsabilidad. En un contexto de ajuste económico, pérdida del poder adquisitivo y dificultades para millones de argentinos, la difusión de gastos millonarios y compras de artículos de lujo genera un fuerte impacto en la opinión pública y alimenta el reclamo de mayores controles sobre los funcionarios.