La Corte Suprema de Justicia volvió a poner un límite al Gobierno nacional al dejar firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la orden de actualizar los salarios de docentes y no docentes, además de recomponer programas destinados a estudiantes universitarios.
La resolución representa un nuevo revés judicial para la administración de Javier Milei en un conflicto que durante los últimos meses generó movilizaciones, paros y una fuerte preocupación en toda la comunidad educativa. Aunque el expediente principal todavía continúa en la Justicia, la Corte entendió que el planteo del Gobierno no podía prosperar en esta instancia y, por lo tanto, la cautelar seguirá vigente.
En concreto, la medida obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, que contemplan la actualización de los salarios universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, así como la recomposición de distintos programas de asistencia para estudiantes. Se trata de medidas que buscan evitar un mayor deterioro del sistema universitario mientras se resuelve el fondo de la causa.
La disputa judicial comenzó luego de que el Ejecutivo condicionara la aplicación de la ley mediante un decreto, argumentando la necesidad de definir previamente las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue cuestionada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y varias universidades nacionales, que promovieron un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso.
Si bien a comienzos de junio el Gobierno y las autoridades universitarias alcanzaron un acuerdo para otorgar una recomposición salarial del 24,33% y actualizar parte de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, el fallo de la Corte adquiere un fuerte valor institucional porque ratifica la vigencia de la ley y respalda la intervención del Poder Judicial frente al conflicto.
El pronunciamiento también reaviva el debate sobre el financiamiento de la educación superior pública en un contexto de ajuste del gasto estatal. Para miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, la continuidad de los recursos resulta clave para garantizar el funcionamiento de las instituciones, sostener las becas, preservar la calidad académica y evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Aunque la decisión judicial no resuelve definitivamente la controversia, sí deja en claro que el Estado debe cumplir la medida cautelar mientras el proceso continúa. Ahora la expectativa está puesta en cómo responderá el Gobierno y si avanzará con la aplicación efectiva de las obligaciones establecidas por la Justicia.