Santiago Bausili reconoció que parte del oro del Banco Central fue depositado en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Inglaterra. Aunque negó que se haya utilizado como garantía para obtener préstamos, la Auditoría General de la Nación cuestionó las operaciones y estimó que el organismo resignó ganancias por 1.023 millones de dólares.
El destino del oro de las reservas argentinas volvió a quedar en el centro de la polémica. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció que parte de ese metal fue depositado en el Banco de Pagos Internacionales, una entidad financiera con sede en Basilea, Suiza, que recibió el oro en Inglaterra.
La explicación oficial buscó llevar tranquilidad: Bausili negó que el metal haya sido utilizado como garantía para obtener préstamos. Sin embargo, la confirmación de las operaciones reavivó los cuestionamientos sobre el manejo de uno de los activos más importantes del país y, especialmente, sobre la falta de información pública acerca de su utilización.
La discusión no es menor. El oro forma parte de las reservas internacionales y representa un respaldo financiero del Estado argentino. En un contexto de escasez de divisas, dificultades para acumular reservas y compromisos con los organismos internacionales, conocer dónde está ese activo, bajo qué condiciones se utiliza y qué beneficios obtiene el país resulta fundamental.
La Auditoría General de la Nación también puso reparos sobre las operaciones. Según sus cálculos, los movimientos realizados con el metal habrían provocado que el Banco Central resignara ganancias por aproximadamente 1.023 millones de dólares.
Bausili rechazó las críticas y defendió las decisiones adoptadas por la autoridad monetaria. Pero la explicación no despeja todas las dudas: una cosa es negar que el oro haya servido como garantía de un préstamo y otra muy distinta es dar cuenta de la rentabilidad, los riesgos y las condiciones de las operaciones realizadas.
El episodio se suma a un escenario económico delicado para el Gobierno de Javier Milei. La economía atraviesa una etapa de recesión, el Banco Central enfrenta dificultades para fortalecer sus reservas y el país continúa dependiendo del respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional.
En ese contexto, el manejo de los activos públicos adquiere una relevancia especial. No se trata solamente de una discusión entre técnicos financieros: las reservas son parte del patrimonio del país y su administración tiene consecuencias sobre la capacidad de afrontar obligaciones, sostener la estabilidad cambiaria y responder ante futuras crisis.
El Gobierno sostiene que las operaciones forman parte de una estrategia de administración financiera. Sin embargo, cuando se trata del oro de las reservas, la transparencia no debería ser una opción ni una explicación posterior a los cuestionamientos.
La pregunta de fondo sigue vigente: ¿qué beneficio concreto obtuvo Argentina por estas operaciones y por qué la Auditoría General de la Nación calcula que se resignaron más de mil millones de dólares?
En una economía donde cada dólar cuenta, el destino del oro argentino merece algo más que una defensa oficial: necesita explicaciones claras y controles efectivos.