La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma al Código Contravencional que endurece las sanciones contra los denominados “trapitos” y limpiavidrios. La iniciativa, impulsada por la gestión de Jorge Macri, establece penas de arresto, multas más elevadas y sanciones para organizaciones o instituciones que promuevan estas actividades.
La nueva normativa contempla detenciones de entre 10 y 30 días para quienes ofrezcan servicios de cuidado de vehículos o limpieza de vidrios sin autorización en la vía pública. En los casos vinculados a eventos masivos, como recitales o encuentros deportivos, las sanciones podrán aumentar de 20 a 50 días cuando se compruebe la existencia de grupos organizados.
Además, los organizadores, coordinadores o responsables de estas estructuras podrán recibir penas de hasta 60 días de arresto. La ley también prevé agravantes cuando existan situaciones de intimidación, amenazas, violencia o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad, lo que podría duplicar las sanciones previstas.
Otro de los cambios importantes es el aumento de las multas económicas. Según la normativa aprobada, las sanciones monetarias podrán superar el millón de pesos y llegar a varios millones dependiendo de la gravedad de la infracción. También se incrementan los días de trabajo comunitario que podrán imponerse como castigo complementario.
La reforma extiende además el alcance de los controles en eventos masivos. La prohibición se aplicará en un radio de hasta 50 cuadras alrededor del lugar donde se realice el espectáculo y regirá desde seis horas antes de su inicio hasta tres horas después de su finalización.
La ley también incorpora sanciones para clubes, instituciones u organizadores que mantengan algún tipo de participación o beneficio derivado de estas actividades. En esos casos, podrán aplicarse multas millonarias y clausuras de hasta 90 días.
La iniciativa fue aprobada por mayoría en la Legislatura porteña y forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por el gobierno de la Ciudad para reforzar los controles sobre el uso del espacio público.