La polémica en torno a la denominada Ley de Inocencia Fiscal sumó un nuevo capítulo luego de que distintos sectores de la oposición cuestionaran con dureza al Gobierno nacional y aseguraran que la normativa terminó convirtiéndose en una herramienta para beneficiar a funcionarios cercanos al oficialismo. Las críticas crecieron tras conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa solicitaron adherirse al régimen simplificado previsto por la ley, en medio de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.
Desde bloques opositores sostienen que la iniciativa, que había sido presentada por el oficialismo como una medida destinada a facilitar la regularización de activos y fondos no declarados, terminó generando sospechas sobre su verdadero objetivo. Legisladores remarcaron que la norma permite declarar ingresos y bienes previamente no registrados sin afrontar sanciones ni multas, situación que consideran incompatible con los estándares de transparencia que deberían regir para quienes ocupan cargos públicos.
En ese contexto, el diputado Esteban Paulón impulsó un proyecto para impedir que funcionarios, jueces y otros integrantes del Estado puedan acceder a este régimen. Según explicó, la propuesta busca evitar que actuales o futuros funcionarios utilicen la normativa para regularizar patrimonios sin brindar explicaciones suficientes sobre el origen de los fondos.
La controversia se amplificó además porque, además de Adorni y su esposa, trascendió que otros dirigentes vinculados al oficialismo también iniciaron trámites para adherir al sistema. Entre los nombres mencionados aparecen el diputado José Luis Espert y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Para la oposición, la situación expone una contradicción entre el discurso anticasta y de transparencia promovido por el gobierno de Javier Milei y las decisiones adoptadas por algunos de sus principales referentes. Incluso hubo dirigentes que calificaron a la ley como un “traje a medida” diseñado para facilitar la regularización patrimonial de funcionarios y personas cercanas al poder.
Mientras tanto, desde distintos espacios políticos continúan reclamando que Adorni presente la documentación patrimonial correspondiente y brinde explicaciones públicas sobre su situación económica. La discusión ya se trasladó al Congreso, donde el tema promete convertirse en uno de los principales focos de tensión entre oficialismo y oposición durante las próximas semanas.