La familia italiana Benetton se retira del negocio agropecuario argentino y vende sus empresas rurales: más de 900.000 hectáreas distribuidas en Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz pasan a manos de un grupo de empresarios vinculados a Adecoagro, encabezado por Mariano Bosch. La adquisición se realizó a título personal y no directamente a través de esa compañía.
No se trata de una operación inmobiliaria más. Estamos hablando de una extensión territorial enorme, de campos productivos y de recursos que forman parte del patrimonio del país. Y el cambio de manos llega en un momento en que el Gobierno de Javier Milei intenta avanzar con una política de desregulación que pone en discusión los límites y controles sobre la propiedad de la tierra.
Los Benetton desembarcaron en el negocio agropecuario argentino en 1991. Desde entonces, construyeron uno de los mayores patrimonios rurales privados del país, con establecimientos dedicados principalmente a la ganadería. Su presencia también quedó asociada a conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia, cuyos reclamos por el reconocimiento de sus derechos sobre tierras ancestrales siguen siendo parte de una disputa que excede lo estrictamente económico.
La operación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quiénes pueden comprar la tierra argentina y bajo qué condiciones?
En 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La norma estableció un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, con restricciones también por provincia, municipio, nacionalidad y titular. No impedía las inversiones extranjeras, sino que fijaba reglas para evitar una concentración sin controles de un recurso estratégico.
Pero para la administración de Javier Milei, esos límites forman parte de las regulaciones que deben eliminarse. En diciembre de 2023, el Gobierno incluyó en el artículo 154 del DNU 70/2023 la derogación de la Ley de Tierras. La decisión fue presentada bajo el argumento de atraer inversiones, ampliar la producción y generar empleo y exportaciones. Una vez más, el razonamiento oficial plantea que quitar restricciones es el camino para que lleguen los capitales.
El problema es que, cuando se habla de tierra, no se está hablando de cualquier mercancía. Se trata de un recurso limitado, que concentra producción de alimentos, agua, biodiversidad y posibilidades de desarrollo para las próximas generaciones. Dejar su adquisición librada a las reglas del mercado implica correr al Estado de una discusión en la que debería tener un papel central.
La medida del Gobierno encontró resistencia y llegó a la Justicia. El 9 de octubre de 2026, la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 en el marco de una causa impulsada por organizaciones civiles. De esta manera, los límites establecidos por la Ley de Tierras volvieron a aplicarse mientras continúa el proceso judicial.
La decisión no constituye todavía un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la derogación, pero sí impide que, por ahora, el Gobierno avance con la eliminación de esas restricciones. La ley se encuentra vigente de manera provisoria, a la espera de lo que resuelva la Justicia.
En este escenario, la venta de las propiedades de los Benetton merece una aclaración: los compradores informados son empresarios vinculados a Adecoagro que realizaron la adquisición a título personal. Por eso, no corresponde afirmar automáticamente que se trata de una compra extranjera ni que la operación viola la legislación. Para establecer qué restricciones se aplican es necesario conocer la nacionalidad y la estructura jurídica de los adquirentes.
Sin embargo, el debate político sigue siendo inevitable. Mientras el Gobierno insiste en que abrir la economía y reducir regulaciones es la fórmula para atraer inversiones, la discusión sobre la tierra recuerda que no todo puede quedar sujeto a la lógica del negocio. Una cosa es promover la producción y otra muy distinta es renunciar a los controles sobre un patrimonio que pertenece al conjunto de la sociedad.
La Argentina necesita inversiones, trabajo y producción. Pero también necesita decidir qué modelo de desarrollo quiere, quiénes acceden a sus recursos y qué herramientas conserva el Estado para protegerlos. Porque cuando se trata de cientos de miles de hectáreas, no alcanza con celebrar una operación empresarial: también hay que preguntarse qué consecuencias tendrá para el país.
La tierra no se fabrica, no se recupera fácilmente y no es un bien cualquiera. Y mientras el Gobierno de Milei busca desarmar las regulaciones que intentan protegerla, la pregunta sigue vigente: ¿desarrollo para quién y a costa de qué?