El intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo para intentar mantener los descuentos que el Gobierno nacional eliminó para la ciudad y otros municipios bonaerenses. Según un análisis incluido en la presentación, las facturas podrían registrar aumentos de hasta el 41,5% por la quita de la bonificación, aunque el impacto dependerá de cada caso. La disputa vuelve a poner en discusión quién paga el costo del ajuste energético.
La quita del beneficio de Zona Fría comenzó a abrir un nuevo frente judicial en la provincia de Buenos Aires. Este martes, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la aplicación de la reforma que excluye a la ciudad del régimen de descuentos en las tarifas de gas.
La presentación fue impulsada junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella, con el objetivo de defender a los usuarios residenciales y a las instituciones comunitarias que podrían perder la bonificación.
El reclamo se produce luego de que el Gobierno nacional promulgara la Ley 27.828, que modifica el alcance del régimen y deja afuera a 94 municipios bonaerenses que habían sido incorporados en la ampliación de 2021. El beneficio permitía reducir las facturas de gas en un 30% o un 50%, según las condiciones previstas para cada usuario.
Uno de los puntos centrales del planteo judicial es el impacto económico que tendría la eliminación del descuento. Según un análisis de 44 facturas incorporado a la presentación, el costo total de esos consumos pasaría de unos $4,67 millones a $6,61 millones al retirar la bonificación, lo que representa una suba estimada del 41,5% para ese conjunto de casos.
El porcentaje no significa que todas las familias vayan a recibir exactamente el mismo aumento. El resultado dependerá del consumo, la tarifa y la situación de cada hogar. Sin embargo, el cálculo permite dimensionar el efecto que podría tener la medida sobre la economía doméstica.
La discusión no se limita al monto de una factura. En los hogares, el gas es un servicio esencial para cocinar, calefaccionar los ambientes y garantizar condiciones adecuadas durante los meses de bajas temperaturas. Un incremento de esta magnitud puede obligar a las familias a recortar otros gastos o a reducir el uso de la calefacción para evitar que el pago de los servicios se vuelva impagable.
El intendente bahiense cuestiona, además, que la ciudad pierda el beneficio pese a mantener las condiciones climáticas que justificaron su incorporación al régimen. El argumento apunta a una contradicción: mientras el frío y la necesidad de calefaccionar los hogares siguen presentes, cambia el criterio con el que el Estado reconoce esa realidad en las tarifas.
La reforma nacional reemplaza el descuento automático por residencia geográfica, para los distritos excluidos, por un esquema focalizado que exige cumplir determinadas condiciones socioeconómicas. De esta manera, quienes pierdan la bonificación general deberán verificar si reúnen los requisitos para acceder a la asistencia energética que continúe disponible.
El cambio también plantea una cuestión de equidad territorial. Las localidades con condiciones climáticas comparables pueden quedar sujetas a tratamientos tarifarios diferentes, mientras los hogares deben afrontar costos que no siempre pueden reducir, especialmente cuando dependen del gas de red para cubrir sus necesidades básicas.
Bahía Blanca no es el único distrito que busca una respuesta judicial. En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo también presentó un amparo para intentar preservar el régimen de Zona Fría para los usuarios de General Pueyrredon.
La disputa recién comienza y será la Justicia la que deba resolver si corresponde suspender o limitar los efectos de la reforma. Por ahora, la presentación no implica que el beneficio haya sido restituido.
El debate de fondo excede a una ciudad: cuando se recortan ayudas sobre un servicio esencial, el ahorro fiscal anunciado por el Gobierno puede convertirse en una carga directa para los hogares. La discusión no pasa solamente por cuánto subsidia el Estado, sino también por qué criterios utiliza para distribuir esa asistencia y qué consecuencias tiene la decisión sobre la vida cotidiana de la población.