La discusión por la propiedad de las tierras rurales volvió al centro de la escena política luego de una decisión de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei a través del DNU 70/2023.
La resolución del máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado los efectos del decreto. La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un tope general del 15%.
Sin embargo, la propia Corte aclaró que su decisión no implica que haya definido la constitucionalidad de la derogación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que el fallo estuvo relacionado con una cuestión procesal vinculada a la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había presentado el amparo.
Mientras tanto, la derogación continúa produciendo efectos y volvió a abrir una fuerte discusión política sobre el control de las tierras rurales, especialmente aquellas ubicadas en zonas fronterizas o vinculadas con recursos naturales estratégicos.
El tema ya comenzó a trasladarse al Congreso. El bloque justicialista del Senado presentó un proyecto para restablecer la Ley de Tierras, mientras que en Diputados sectores de Unión por la Patria anticiparon que buscarán avanzar contra el DNU 70/2023. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en 2024, pero todavía necesita el rechazo de la Cámara de Diputados para perder vigencia por esa vía.
La decisión también generó cuestionamientos de distintos sectores políticos, sindicales y sociales, que anunciaron movilizaciones en defensa de la regulación sobre la propiedad rural.
Desde el Gobierno, Milei calificó como “fantástico” el fallo y sostuvo que la Corte debe resolver de acuerdo con la Constitución. Desde la oposición, en cambio, plantearon que la eliminación de los límites puede favorecer procesos de concentración y especulación sobre tierras productivas y territorios considerados estratégicos.
La discusión queda así abierta en varios frentes: la Justicia todavía debe resolver planteos de fondo, el Congreso puede intervenir sobre el DNU y el Gobierno sostiene su decisión de avanzar con una desregulación de la propiedad rural.
Más allá de las disputas políticas, el debate plantea una cuestión de fondo: qué límites debe establecer el Estado sobre la propiedad de un recurso que no puede reproducirse y que está directamente relacionado con la producción, el territorio y los recursos naturales del país.