La presidente del bloque de concejalas y concejales de Fuerza Patria, Sandra Cardozo, presentó una cuestión de privilegio durante la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cañuelas y denunció una presunta persecución política contra el concejal Pablo Domínguez, trabajador de Vialidad Nacional.
Según expuso Cardozo, Domínguez sufrió una lesión que provocó la rotura de un tendón, debió atravesar una intervención quirúrgica y realizó la correspondiente licencia médica en su lugar de trabajo.
A pesar de las dificultades físicas, el concejal continuó participando de las sesiones del Concejo Deliberante, en el marco del mandato que obtuvo en las urnas. De acuerdo con la denuncia realizada por su bloque, Vialidad Nacional posteriormente dispuso su suspensión sin goce de haberes.
Para Fuerza Patria, la medida resulta arbitraria porque mezcla dos situaciones diferentes: la licencia médica de Domínguez como trabajador y el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales como concejal de Cañuelas.
Pero el planteo político fue más allá. Cardozo sostuvo que el bloque tomó conocimiento, de manera extraoficial, de que las actuaciones podrían haberse iniciado a partir de la circulación de videos de intervenciones de Domínguez en el recinto, donde cuestionaba distintas políticas del Gobierno nacional.
La concejal aclaró que no afirmarían aquello que no pueden acreditar. En ese sentido, señaló que en la documentación a la que tuvieron acceso no consta quién realizó la denuncia o presentación que dio origen a las actuaciones administrativas.
Ese dato es uno de los principales interrogantes que quedaron planteados durante la sesión: cuál fue el motivo concreto de la suspensión y si existe alguna relación entre la medida laboral y las expresiones políticas realizadas por el concejal en el ejercicio de su cargo.
Cardozo también pidió explicaciones a las autoridades de Vialidad Nacional y mencionó al director del organismo, Jorge Campoy; al gerente de Recursos Humanos, Diego Ribeiro; y al jefe del Distrito Uno, Martín Augusto, preguntándose si tenían conocimiento de la situación.
La denuncia se produce además en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y distintos sectores de trabajadores estatales, marcado por recortes, reorganizaciones y reducción de estructuras públicas. Para Fuerza Patria, el caso de Domínguez forma parte de un escenario más amplio de confrontación política y laboral.
Más allá de la discusión partidaria, hay una consecuencia concreta: según lo denunciado en el recinto, un trabajador de Vialidad Nacional se encuentra suspendido y sin percibir su remuneración mientras se define el alcance de las actuaciones administrativas.
Desde el bloque de Fuerza Patria anticiparon que acompañarán a Domínguez en las instancias administrativas y judiciales que sean necesarias para defender sus derechos como trabajador y como representante elegido por los vecinos.
Ahora, la atención queda puesta en Vialidad Nacional y en las explicaciones que puedan brindar sobre los fundamentos de la suspensión, el origen de las actuaciones y las razones por las cuales se adoptó la medida.
Si la sanción responde exclusivamente a cuestiones laborales, deberá ser acreditado con los fundamentos correspondientes. Si, en cambio, existiera una relación con las opiniones políticas expresadas en el Concejo, el caso adquiriría una gravedad institucional mucho mayor.