El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, cerró en los últimos días un nuevo acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores estatales. La propuesta oficial establece un incremento del 9% para el primer tramo del año, aplicado en tres etapas entre febrero y abril, y contempla además medidas vinculadas a la carrera administrativa, estabilidad laboral y mejoras sectoriales.
El esquema de aumento se compone de un 1,5% correspondiente a febrero, que ya había sido liquidado, un 5% adicional en marzo y un 2,5% más en abril, todos calculados sobre la base de los haberes de enero de 2026. El incremento también impactará en los jubilados del sistema previsional provincial.
La negociación se dio luego de varias semanas de discusión paritaria. En febrero, una primera oferta del 3% había sido considerada insuficiente por los sindicatos, lo que obligó al Ejecutivo provincial a mejorar la propuesta para destrabar el conflicto salarial.
Mejora salarial en un contexto económico complejo
El acuerdo busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales en un contexto económico marcado por la inflación y la caída del consumo. En muchos casos, los salarios públicos se utilizan como referencia para otras negociaciones laborales dentro del territorio bonaerense.
Según estimaciones difundidas tras el acuerdo, los ingresos varían según el sector y la categoría. Por ejemplo, dentro de la administración central con jornadas de 30 horas semanales, los salarios de bolsillo rondarán entre 548 mil y 914 mil pesos, mientras que en áreas hospitalarias los sueldos pueden superar los 2 millones de pesos en las categorías más altas.
En paralelo, el acuerdo incluye una suma fija de 20 mil pesos mensuales para auxiliares de la educación, que comenzará a pagarse desde marzo y representa cerca de un 3% adicional para las categorías iniciales.
Regularización laboral y carrera administrativa
Más allá de la actualización salarial, el entendimiento incorpora medidas vinculadas a la estructura laboral del Estado provincial. Entre ellas se destacan:
- Recategorizaciones en la administración pública, con ascensos en el escalafón para trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.
- Pase a planta transitoria para becas de contingencia en el sistema de salud que hayan ingresado hasta diciembre de 2022, con aplicación desde julio.
- Titularización de jefaturas de departamento que acrediten más de tres años en el cargo.
- Continuidad de mesas técnicas sectoriales para discutir carrera administrativa, mantenimiento, producción y condiciones laborales.
Revisión en mayo y nueva paritaria en junio
El acuerdo tiene un alcance limitado en el tiempo. Las partes establecieron una instancia de monitoreo en mayo para analizar la evolución de la inflación y su impacto en los salarios. Además, en junio se reabrirá formalmente la negociación paritaria, con el objetivo de definir nuevos ajustes para la segunda mitad del año.
En la práctica, se trata de un esquema de negociación frecuente que se volvió habitual en los últimos años: aumentos parciales y revisiones periódicas para intentar evitar que los salarios queden demasiado rezagados frente a la suba de precios.
Para miles de trabajadores de la administración pública bonaerense —entre ellos personal de salud, auxiliares escolares y empleados de organismos provinciales— el acuerdo implica un alivio inmediato, aunque el desafío seguirá siendo sostener el poder de compra en un escenario económico todavía incierto.