Una vez más, el Gobierno de Javier Milei respondió con violencia a la movilización pacífica de jubilados frente al Congreso. El operativo desplegado este miércoles dejó un saldo alarmante: al menos 82 personas resultaron heridas y cuatro fueron detenidas, entre ellas periodistas y reporteros gráficos que cubrían la jornada.
El violento accionar de las fuerzas federales —Policía, Gendarmería, Prefectura y PSA— se desató pasadas las tres de la tarde, con gases lacrimógenos, golpes con tonfas y un despliegue desproporcionado que dejó el centro porteño cercado. La represión coincidió con la negativa del oficialismo de dar quórum en Diputados para tratar el aumento a las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional.
Antes de que comenzara el operativo, se realizó una misa ecuménica frente al Congreso. Allí, referentes de distintas iglesias católicas y evangélicas advirtieron sobre la violencia institucional que el gobierno ejerce cada semana contra los adultos mayores. “No puede ser que golpeen una y otra vez a quienes reclaman por su derecho a vivir dignamente”, señaló el padre Paco Olveira, quien también fue agredido en marchas anteriores.
Entre los heridos se encuentra Guillermo Lorusso, sobreviviente del centro clandestino “El Vesubio” y fundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. También se reportaron agresiones contra la prensa: reporteros de distintos medios fueron golpeados, gaseados e incluso detenidos. A la fotógrafa Mariana Nadelcu le destruyeron su cámara mientras documentaba la represión.
Los detenidos fueron trasladados a la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Entre ellos se encuentra un reportero de una agencia internacional que fue liberado tras la intervención de una fiscal.
La diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, se solidarizó con los manifestantes y denunció el costo millonario de los operativos represivos. “En vez de invertir en soluciones, el Gobierno arma un show represivo cada semana porque no tiene otra respuesta para los sectores más golpeados”, afirmó.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria se recordó que la semana anterior hubo 100 heridos, y la anterior, 58. Su director, Roberto Cipriano García, alertó sobre la connivencia entre sectores del poder judicial, la política y los medios concentrados, que permiten que estas violencias se repitan sin consecuencias.
Durante la misa previa a la represión, varios sacerdotes y pastores criticaron con dureza el accionar del Gobierno. Eduardo de la Serna, del colectivo Curas en Opción por los Pobres, sostuvo: “Acá no falta voz, lo que falta son oídos. Cuando el poder económico te tapa los oídos, se te endurece el corazón”.
Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Leonardo Schindler, condenó la violencia física y el ajuste brutal contra los jubilados. También se diferenció de los sectores religiosos que respaldan al oficialismo: “Hay muchas iglesias que no acompañamos este modelo. Lo repudiamos porque atenta contra la dignidad humana y los principios más básicos de la fe”.