Un fallo judicial abrió un fuerte capítulo en la disputa por los derechos sociales que el gobierno de Javier Milei intenta recortar. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley 27.793, que había sido sancionada por el Congreso para declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad.
La resolución fue dictada en el marco de un amparo presentado por una familia de la provincia de Buenos Aires con dos hijos menores con discapacidad. El magistrado sostuvo que el veto de Milei vulnera los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
De este modo, para los niños involucrados en la causa se aplicará la ley aprobada por el Congreso, pese a la decisión del Poder Ejecutivo de frenarla. El fallo, aunque tiene efectos particulares, abre un antecedente judicial que podría ser replicado por otras familias en situaciones similares.
El veto presidencial había sido publicado en el Boletín Oficial junto con el rechazo a otras normas, como la que restituía la moratoria previsional y la que otorgaba aumentos a jubilados. Desde el Gobierno, se justificó la medida bajo el argumento de “defender el equilibrio fiscal” y evitar un gasto que, según la Casa Rosada, implicaría más de 7 billones de pesos este año y alrededor de 17 billones en 2026.
En su comunicado, el Ejecutivo acusó al Congreso de haber aprobado las leyes “de manera irresponsable” y reiteró la consigna de Milei: “no hay plata”. Además, señaló que la oposición buscó “hacer campaña electoral disfrazando con causas nobles” proyectos que, a su entender, “atentan contra la estabilidad macroeconómica”.
El fallo del juez González Charvay, en cambio, pone en el centro a los sectores más vulnerables y resalta que los derechos de los niños y de las personas con discapacidad no pueden ser anulados bajo argumentos fiscales. La decisión judicial reaviva el debate sobre el rumbo del Gobierno libertario, que con el ajuste profundiza los conflictos sociales y ahora también enfrenta cuestionamientos en los tribunales.