La noticia llegó como un alivio para miles de trabajadores: la Justicia decidió ponerle un freno al decreto del presidente Javier Milei que intentaba limitar uno de los derechos más históricos del movimiento obrero argentino: el derecho a huelga.
Fue el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 el que, tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), dictó una medida cautelar y suspendió temporalmente los efectos del decreto presidencial que había declarado “esenciales” a servicios como la educación, el transporte y la salud, reduciendo así su capacidad para realizar paros.
La decisión del Gobierno de ampliar la categoría de servicios esenciales —que deben mantener una prestación mínima del 50 al 75 por ciento incluso en caso de conflicto— generó una fuerte preocupación entre gremios y especialistas en derechos laborales. La educación primaria, los jardines de infantes, la salud, los servicios portuarios, aduaneros, y hasta el transporte de combustibles fueron puestos bajo este nuevo paraguas restrictivo. Desde la CGT advirtieron que la medida no solo limitaba la posibilidad de protestar, sino que avanzaba peligrosamente sobre el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a huelga como parte de la libertad sindical.
La Justicia evitó por ahora meterse de lleno en el contenido del decreto, pero dejó claro que una reforma tan sensible no puede hacerse por decreto. Según el fallo, este tipo de modificaciones deben pasar por el Congreso, que actualmente se encuentra en período de sesiones ordinarias. “No se puede cambiar una ley con un DNU cuando el Congreso está en funciones”, señala la resolución judicial. También recuerda que el uso de decretos de necesidad y urgencia tiene límites estrictos, algo que la Corte Suprema ha dejado en claro en repetidas ocasiones.
En este sentido, el fallo advierte sobre el “peligro en la demora”, es decir, el daño que podría causar la aplicación inmediata del decreto antes de que se resuelva su constitucionalidad. El derecho a huelga, dice la Justicia, está protegido no solo por la Constitución Nacional, sino también por tratados internacionales que tienen jerarquía superior.
Más allá del plano legal, lo que está en juego tiene un fuerte contenido simbólico. El derecho a huelga ha sido una herramienta central para los trabajadores argentinos a lo largo de la historia. Desde los obreros del siglo XX hasta los docentes y enfermeros actuales, la posibilidad de parar es también la de hacerse escuchar, reclamar condiciones dignas y defender derechos colectivos.
La cautelar judicial no resuelve la cuestión de fondo, pero sí deja un mensaje: no todo vale, incluso en tiempos de crisis. El equilibrio entre gobernar con urgencia y respetar los derechos fundamentales sigue siendo una línea que la democracia argentina no está dispuesta a cruzar tan fácilmente.
