A casi ocho meses de que estallara el escándalo del fentanilo adulterado —uno de los episodios sanitarios más graves de los últimos años— el Gobierno nacional decidió avanzar con un cambio clave en la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). A través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó en su lugar a Luis Eduardo Fontana.
La decisión llega tarde y bajo fuerte presión social y judicial. El organismo quedó en el centro de las críticas luego de que se confirmara que la falta de controles permitió la circulación de fentanilo adulterado, fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA, que provocó más de 100 muertes en distintos puntos del país.
Según el último informe del Cuerpo Médico Forense presentado ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, 38 de las 40 historias clínicas analizadas —sobre un total de 173— muestran una relación directa entre los fallecimientos y el uso del fármaco contaminado. Un dato contundente que expone fallas estructurales en los mecanismos de fiscalización del Estado nacional.
La ahora ex titular de la ANMAT fue citada a declarar en la causa, que ya acumula cerca de 6.000 fojas distribuidas en más de 30 cuerpos. La investigación no solo apunta a las empresas involucradas, sino también al rol del organismo regulador, cuestionado por los controles previos y posteriores a la autorización de los productos medicinales.
Desde el Ministerio de Salud habían dejado trascender que la continuidad de Bisio estaba sujeta al avance de las actuaciones administrativas. Finalmente, el Gobierno de Javier Milei optó por aceptar su salida y avanzar con un reemplazo que no estuvo exento de polémica.
El nuevo titular de la ANMAT, Luis Fontana, es médico cirujano egresado de la UBA y cuenta con formación en gestión y administración de empresas de salud. Sin embargo, su perfil genera interrogantes: desarrolló gran parte de su carrera en el sector privado, con más de 30 años en OSDE, de donde se desvinculó en febrero de 2025.
En un contexto donde se reclama mayor presencia y control del Estado sobre el sistema sanitario, la designación de una figura con fuerte trayectoria privada vuelve a encender el debate sobre el rumbo que el Gobierno libertario pretende imprimirle a los organismos de control. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y explicaciones claras por una tragedia que pudo —y debió— haberse evitado.