El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de frenar el decreto firmado por Javier Milei que ordena el cierre de Vialidad Nacional, una medida que representa otro golpe a los organismos del Estado y a los derechos laborales en Argentina.
El amparo, patrocinado por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, exige la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 461/25 por considerar que atenta contra principios elementales del derecho laboral, la seguridad vial y el funcionamiento del Estado. La causa fue asignada al Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.
Desde el gremio advirtieron que la decisión del Gobierno nacional busca avanzar en “la aniquilación de los organismos estatales”, afectando de forma directa la continuidad laboral, la estabilidad de cientos de trabajadores públicos y funciones esenciales como la seguridad en rutas, la tecnología aplicada a la infraestructura y la salud pública.
El texto del amparo también señala que el decreto de Milei vulnera derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como convenios internacionales de la OIT, poniendo en riesgo miles de empleos vinculados al sector vial.
La ofensiva del Ejecutivo fue anunciada el 7 de julio por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la eliminación de Vialidad Nacional con la insólita afirmación de que “fue inventado para simplificar la corrupción”. Ese mismo día se publicó el decreto en el Boletín Oficial, junto con la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas que pasarán a manos privadas.
La decisión también encendió alarmas en el sector privado. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, expresó su preocupación por el impacto del cierre de Vialidad Nacional. “Estamos entrando en un mundo desconocido”, declaró, al tiempo que cuestionó la viabilidad de la medida. “No sabemos cómo se va a implementar ni cómo se va a controlar la concesión de las rutas”.
Según Camarco, el mantenimiento anual de las rutas del país cuesta unos 4.200 millones de dólares, pero si se deja deteriorar la infraestructura, recuperarla puede demandar más de 40.000 millones. Con esta decisión, el Gobierno no sólo pone en jaque miles de fuentes de trabajo, sino también el futuro de las rutas argentinas.