El inicio del debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados estuvo marcado por fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición. Desde los bloques opositores reclamaron un cronograma más ágil de discusión, la citación de ministros —en particular del titular de Economía, Luis Caputo— y que todo endeudamiento externo tenga la aprobación del Congreso. La exigencia se profundizó tras el anuncio de un swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos, realizado sin debate parlamentario.
Además, la oposición pidió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y mayores partidas para áreas sensibles como educación, salud, el Hospital Garrahan y obras públicas estratégicas. Las críticas apuntaron al ajuste que impulsa el Gobierno bajo el lema de “déficit cero”, que en los hechos se tradujo en un recorte severo del gasto social, la paralización de proyectos de infraestructura, la caída del financiamiento a programas sanitarios y educativos, y un deterioro general de los servicios públicos.
El oficialismo defendió el equilibrio fiscal como una meta innegociable, pero la oposición advirtió que el debate no podrá avanzar sin la presencia de Caputo en la comisión. Legisladores de diferentes bancadas señalaron que el Gobierno no solo evita dar explicaciones sobre la magnitud del ajuste, sino que además avanza en decisiones de enorme impacto económico sin el debido control legislativo.
El malestar también se vio alimentado por las denuncias sobre la venta de reservas internacionales para contener la presión cambiaria, una maniobra que críticos consideran riesgosa para la estabilidad financiera del país. A esto se suman las sospechas de irregularidades en el manejo de fondos públicos y la falta de transparencia en la gestión económica.
La comisión de Presupuesto volverá a reunirse el próximo miércoles a las 13 horas, cuando está prevista la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Hasta entonces, la tensión política promete escalar, en un debate que refleja tanto la fragilidad del rumbo económico del Gobierno como la creciente resistencia de la oposición a convalidar un ajuste que golpea de lleno a los sectores más vulnerables.