En medio de la campaña electoral de cara a las legislativas de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a quedar en el centro de la polémica por su influencia sobre la política argentina. Las declaraciones de su directora gerente, Kristalina Georgieva, generaron un fuerte rechazo en sectores de la oposición, que acusaron al organismo de “intromisión electoral” y de otorgar un respaldo explícito al gobierno de Javier Milei.
Durante su participación en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Georgieva elogió los avances del plan económico impulsado por la actual gestión, destacando el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la reducción de la pobreza. En ese contexto, lanzó un mensaje que desató la controversia: advirtió sobre la importancia de “no descarrilar la voluntad de cambio” en las próximas elecciones legislativas. Para la oposición, sus palabras confirmaron que el reciente desembolso de 20 mil millones de dólares fue un “préstamo político”, similar al que recibió Mauricio Macri en 2018.
Las críticas no tardaron en llegar. Desde el Partido Justicialista, encabezado por Cristina Kirchner, hasta legisladores de Unión por la Patria y referentes de la izquierda, denunciaron una “injerencia inadmisible” del Fondo en el proceso electoral. “Es indignante y obsceno”, sostuvo la diputada Cecilia Moreau, mientras que Germán Martínez afirmó que el FMI “no solo define la política económica, sino que también conduce la estrategia electoral” del oficialismo.
Ante la magnitud del escándalo, Georgieva intentó matizar sus declaraciones. En una rueda de prensa, aclaró que su mensaje “fue dirigido al Gobierno”, y no a los votantes. Según explicó, su preocupación radicaba en que las reformas económicas acordadas no pierdan impulso en el contexto preelectoral, tal como ha ocurrido históricamente en otros países.
Pese al intento de corrección, el respaldo explícito al rumbo económico de Milei quedó plasmado no solo en palabras, sino también en gestos simbólicos: en un hecho inusual, la directora del FMI lució un pin en forma de motosierra —símbolo de los recortes estatales impulsados por el Gobierno— que le fue obsequiado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El fuerte alineamiento del FMI y de Washington con la actual administración también se reflejó en las reuniones que mantuvo el equipo económico argentino en Estados Unidos. Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, ratificó el apoyo financiero al país y dejó abierta la posibilidad de un nuevo salvataje en caso de inestabilidad, condicionado a que Milei mantenga el rumbo de ajuste.
Mientras el oficialismo celebra el respaldo internacional, la oposición advierte sobre el costo político y económico de este acompañamiento. En el Congreso, los cuestionamientos apuntan no solo a la falta de independencia del Gobierno frente a organismos multilaterales, sino también al impacto que las reformas exigidas —fiscales, laborales y previsionales— podrían tener sobre la vida de millones de argentinos.
Así, a menos de seis meses de las elecciones, la relación entre el FMI y la política local vuelve a tensionar el clima interno, reviviendo viejas heridas sobre soberanía, deuda y autonomía económica.
