Un nuevo golpe al bolsillo de millones de trabajadores y estudiantes del Área Metropolitana de Buenos Aires ya tiene fecha. El Gobierno nacional avanzará con un fuerte aumento en el precio del boleto de colectivo para las líneas que dependen de Nación y conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano.
El ajuste será escalonado pero contundente. El martes 17 de febrero, el pasaje mínimo saltará de los actuales $495 a $650, y apenas dos semanas después, a comienzos de marzo, volverá a subir hasta alcanzar los $700 por viaje. En términos concretos, el incremento total será del 41,4% en menos de un mes, una cifra que vuelve a dejar expuesta la lógica de shock aplicada por la gestión de Javier Milei.
Estas líneas, que cruzan la General Paz y son utilizadas a diario por trabajadores, estudiantes y jubilados, quedan bajo la órbita directa del Gobierno nacional, por lo que la suba responde exclusivamente a una decisión política del Ejecutivo y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El tarifazo no llega en cualquier momento. Se da en medio de una fuerte polémica por la manipulación de las estadísticas oficiales y el intento del Gobierno de ocultar el impacto real de los aumentos en la inflación. En ese contexto se produjo la salida de Marco Lavagna del organismo de estadísticas, luego de tensiones internas por la actualización del índice de precios al consumidor.
El trasfondo es claro: los aumentos en transporte y energía vienen siendo deliberadamente subestimados en el índice de inflación que todavía se utiliza, vigente desde 2004. En ese esquema, el transporte tiene un peso menor que el que tendría con un índice más actualizado, elaborado años atrás pero nunca aplicado.
Si ese índice más moderno se utilizara, los aumentos en colectivos, trenes, luz y gas impactarían mucho más en el número final de inflación, lo que elevaría automáticamente los niveles oficiales de pobreza, presionaría las paritarias y pondría en cuestión el relato de “estabilidad” que intenta sostener el Gobierno.
Mientras tanto, la realidad es otra: viajar para trabajar será cada vez más caro, y el ajuste vuelve a recaer sobre los mismos sectores de siempre, en un contexto donde los salarios siguen perdiendo frente a los precios y el Estado nacional se retira de su rol de regulador.