Los salarios de docentes y trabajadores de las universidades públicas atraviesan su peor momento desde la recuperación democrática. Así lo advirtió la CONADU, que alertó que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir la canasta básica, los alquileres, los servicios ni los gastos esenciales vinculados a la educación.
El informe gremial señala que la pérdida del poder adquisitivo es consecuencia directa de aumentos salariales que quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación. En términos reales, muchos cargos universitarios —incluso con dedicación semiexclusiva— perciben ingresos que hoy se ubican en niveles incompatibles con una vida digna.
Pero el problema no es solo salarial. Desde CONADU remarcan que esta situación se agrava por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26.075), que establece la obligación del Estado nacional de garantizar una inversión sostenida en educación, ciencia y universidades públicas. En los hechos, sostienen, el presupuesto universitario perdió poder de compra y no acompaña la evolución de los precios, afectando tanto los salarios como el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
El impacto se siente con fuerza en la vida diaria de miles de familias universitarias. En ciudades del interior y del conurbano bonaerense, donde los alquileres, el transporte y los servicios registraron fuertes aumentos, muchos docentes se ven obligados a buscar otros trabajos, reducir horas de dedicación académica o replantear su continuidad en el sistema.
Esta realidad no solo compromete a quienes trabajan en las universidades, sino también a estudiantes y a la comunidad en general. La falta de recursos y la precarización laboral ponen en riesgo la calidad educativa, la investigación y la extensión universitaria, pilares históricos de la universidad pública argentina como herramienta de movilidad social.
Desde el sector gremial advierten que, sin una recomposición salarial real y el cumplimiento efectivo de la ley vigente, el sistema universitario seguirá perdiendo recursos humanos calificados. Mientras tanto, crecen los reclamos por la reapertura de paritarias y por una política educativa que deje de ajustar sobre salarios y presupuesto.