El proceso de privatización de rutas en Argentina sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional lanzó la licitación correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que incorpora otros 3.900 kilómetros de rutas nacionales al esquema de explotación privada bajo el sistema de peajes.
La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, forma parte del plan integral de concesiones viales y se enmarca en el desguace de organismos históricos como Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A., que hasta ahora estaban a cargo del mantenimiento, la operación y la ejecución de obras en buena parte de la red nacional.
Con esta nueva etapa —de carácter nacional e internacional— el Ejecutivo busca atraer empresas privadas interesadas en la explotación, mantenimiento, ampliación y mejora de ocho tramos: Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. En total, las rutas afectadas atraviesan provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes y Mendoza.
Desde el área de Transporte explicaron que, con la incorporación de estos kilómetros, el sistema superará los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país, marcando la fase final del programa de modernización vial. Hasta el momento, ya se ejecutó la Etapa I (Tramo Oriental y Tramo Conexión), mientras que la Etapa II continúa en proceso de adjudicación.
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que no habrá subsidios directos del Estado para sostener las concesiones. Según la versión oficial, el sistema anterior era deficitario y no generaba beneficios reales para los usuarios. Sin embargo, las empresas podrán financiar obras iniciales a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), además de obtener ingresos mediante la instalación de cabinas de peaje y el desarrollo de infraestructura comercial complementaria.
El argumento del Gobierno es que la Red Federal de Concesiones surge como respuesta al fuerte deterioro de las rutas nacionales, con años de falta de mantenimiento, paralización de obras y deficiencias en señalización. No obstante, sectores críticos advierten que el nuevo modelo podría traducirse en más peajes, mayores costos logísticos y un impacto directo en el bolsillo de trabajadores y transportistas.
Mientras el Ejecutivo avanza con su programa de privatizaciones como eje estructural de su política económica, el debate sobre el rol del Estado en la infraestructura estratégica vuelve a instalarse con fuerza.