El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una votación que marca un giro profundo en el esquema de derechos laborales vigente en la Argentina desde hace décadas. Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, el oficialismo logró reunir el respaldo de bloques aliados y sectores denominados “dialoguistas”, entre ellos la Unión Cívica Radical y el Propuesta Republicana, además de legisladores provinciales y peronistas disidentes.
La iniciativa, presentada como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la contratación, introduce cambios de fuerte impacto: amplía el período de prueba, modifica el esquema de indemnizaciones por despido, redefine responsabilidades en casos de tercerización y habilita nuevas modalidades de contratación. Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias bajo determinados esquemas, así como mecanismos que reducen costos para las empresas ante eventuales desvinculaciones.
Desde el Gobierno celebraron la sanción como una señal de gobernabilidad y como un mensaje dirigido a los mercados e inversores. Argumentan que la reforma reducirá la litigiosidad y generará condiciones más atractivas para el empleo formal. Sin embargo, para amplios sectores del sindicalismo y la oposición, el nuevo marco legal implica un retroceso en derechos conquistados históricamente y un corrimiento del eje protector que caracterizó al derecho laboral argentino.
Las críticas advierten que, en un contexto de recesión y pérdida del poder adquisitivo, la flexibilización puede traducirse en mayor precarización y debilitar la posición del trabajador frente al empleador. Afuera del Congreso, las protestas sindicales reflejaron el malestar que atraviesa a distintos gremios. Las centrales obreras ya analizan medidas de fuerza y no descartan avanzar con presentaciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de algunos artículos.
Más allá del contenido específico, la votación dejó un dato político clave: aun sin mayoría propia, Milei consiguió articular acuerdos parlamentarios para avanzar con una de las reformas estructurales más sensibles de su programa económico. El nuevo escenario abre una etapa de fuerte tensión social y sindical, mientras el Gobierno apuesta a consolidar su hoja de ruta basada en la desregulación y la reducción de costos laborales.