El Gobierno de Javier Milei volvió a instalar el debate sobre la reforma laboral con un proyecto que promete “modernizar” el empleo, pero que, según especialistas, marca un giro profundo en el equilibrio entre capital y trabajo. Presentado por la diputada nacional Romina Diez (La Libertad Avanza), el texto, bajo el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, busca adaptar la legislación laboral a las nuevas modalidades productivas del siglo XXI. Sin embargo, detrás del discurso de modernización, la iniciativa introduce cambios que podrían debilitar derechos históricos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo.
El proyecto contempla la ampliación de la jornada laboral mediante la figura del banco de horas, lo que permitiría extender las horas de trabajo sin pagar adicionales, compensándolas luego en otros días. También propone que las indemnizaciones por despido puedan abonarse en hasta 12 cuotas, especialmente en micro y pequeñas empresas, rompiendo con la obligación actual de pago inmediato. Otro punto sensible es la ampliación de los beneficios no remunerativos, como viandas, conectividad o útiles, que al no considerarse parte del salario, no se computan para aguinaldo, aportes ni jubilación. La reforma además flexibiliza la organización del trabajo, permitiendo cambios de funciones y horarios “si no resultan irrazonables”, y habilita la fragmentación de vacaciones en períodos mínimos de una semana. En materia judicial, el texto establece topes a los intereses de los créditos laborales (IPC + 3%) y limita al 20% los honorarios de los abogados en juicios laborales, lo que, según especialistas, podría desalentar demandas y favorecer a las empresas en litigios prolongados.
El espíritu del proyecto se orienta a reducir los costos laborales y brindar mayor previsibilidad a las empresas, especialmente a las Pymes, que serían beneficiadas con bonos de crédito fiscal por nuevas contrataciones. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán aumentar el empleo formal y facilitar la inserción laboral de jóvenes. No obstante, los sindicatos y juristas advierten que la iniciativa traslada el riesgo económico al trabajador. En caso de despido o enfermedad prolongada, el empleado podría quedar con menos protección y recibir compensaciones tardías o fraccionadas.
El debate central gira en torno a si la propuesta moderniza el sistema laboral o si retoma viejas recetas de flexibilización aplicadas en los años noventa, que precarizaron las condiciones sin generar empleo sostenido. En los hechos, la reforma otorga más poder a los empleadores, reduce el alcance de los convenios colectivos y debilita la negociación sindical, modificando un marco normativo que durante décadas garantizó derechos básicos como estabilidad, vacaciones plenas e indemnización inmediata.
El proyecto de Romina Diez forma parte del paquete de reformas estructurales impulsado por el oficialismo libertario, que busca desregular la economía, achicar el Estado y “liberar” los mercados laborales. Sin embargo, aún no fue tratado en el Congreso y enfrenta un fuerte rechazo de la oposición y del movimiento obrero. La CGT, las CTA y abogados laboralistas coinciden en que la ley erosiona pilares esenciales del trabajo digno y avanza en un proceso de desprotección sin precedentes. El debate promete ser intenso: mientras el oficialismo insiste en que “modernizar es adaptarse al futuro”, los sectores sindicales y opositores advierten que no puede haber futuro con pérdida de derechos.
La llamada “modernización laboral” se presenta como una apuesta a la competitividad, pero su letra chica deja al descubierto un modelo que reconfigura el mapa de derechos laborales en Argentina. El desenlace dependerá del debate legislativo y del equilibrio político en el Congreso, donde se medirá, una vez más, qué tipo de país laboralmente quiere ser la Argentina: uno que avance hacia la productividad con inclusión, o uno que reduzca sus garantías en nombre del mercado.