El gobierno de Javier Milei apura las negociaciones políticas para lograr la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado, en medio de un escenario marcado por tensiones con los gobernadores y fuertes cuestionamientos al impacto fiscal del proyecto. Desde La Libertad Avanza aseguran que los votos están, pero reconocen que el texto original sufrirá modificaciones de último momento para destrabar resistencias clave.
La encargada de ordenar la estrategia en la Cámara Alta es Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, quien se mostró confiada en que la iniciativa será sancionada el próximo miércoles 11 de febrero. Sin embargo, admitió que el proyecto no llegará intacto al recinto y que se están negociando cambios sensibles para garantizar el acompañamiento de sectores aliados.
El oficialismo depende del respaldo de bloques dialoguistas y, sobre todo, del aval político de varios gobernadores, que miran con preocupación uno de los puntos centrales del proyecto: la reforma del impuesto a las Ganancias. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo reduce la carga tributaria sobre grandes empresas, lo que implica una caída directa en los fondos coparticipables que reciben las provincias.
Según estimaciones que circulan en el Congreso, de aprobarse la reforma sin modificaciones, la recaudación por Ganancias podría reducirse en alrededor de tres billones de pesos durante 2026, lo que se traduciría en una pérdida cercana a 1,7 billones para los distritos provinciales. Este escenario encendió alarmas entre los mandatarios, que reclaman compensaciones o cambios concretos antes de dar su apoyo.
Mientras tanto, Bullrich mantiene reuniones reservadas con jefes de bloques aliados en el Senado, en encuentros extensos donde se discuten alternativas para cerrar los votos. Desde el radicalismo reconocen que aún persisten dudas, especialmente por el impacto que la reforma tendría sobre las finanzas provinciales y la previsibilidad presupuestaria.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Interior, Diego Santilli, encabezan negociaciones contrarreloj con gobernadores cercanos al oficialismo. El objetivo es introducir ajustes que permitan avanzar con la ley sin provocar un quiebre político con las provincias, que ya vienen golpeadas por el ajuste, la caída de transferencias y el recorte de la obra pública.
El hermetismo es total. Desde el Gobierno evitan detallar cuáles serán los cambios y apuestan a revelarlos recién durante el debate en el recinto. Una estrategia que genera incertidumbre y expone, una vez más, las dificultades del Ejecutivo para sostener su agenda legislativa sin retroceder frente a la presión política y territorial.