El dictamen de mayoría obtenido por el oficialismo para el proyecto de Presupuesto 2026 encendió una señal de alarma en amplios sectores sociales, educativos y de la salud. Entre sus artículos más sensibles, la iniciativa deroga las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos herramientas clave que hoy sostienen derechos básicos de millones de personas en todo el país.
La decisión no es meramente técnica ni presupuestaria: implica un retroceso profundo en materia de derechos, con consecuencias directas sobre el funcionamiento de las universidades públicas, las instituciones que atienden a personas con discapacidad y, especialmente, sobre las propias personas con discapacidad y sus familias.
Universidades al borde del colapso
La derogación de la Ley de Financiamiento Universitario deja a las universidades nacionales sin garantías mínimas de previsibilidad económica, en un contexto de inflación acumulada, salarios docentes y no docentes deteriorados y edificios con obras paralizadas.
Rectores, gremios y estudiantes advierten que sin un esquema de financiamiento específico:
- Se profundizará la crisis salarial, acelerando la fuga de docentes e investigadores.
- Peligrarán programas de becas, extensión y asistencia estudiantil.
- Se afectará la investigación científica y tecnológica, clave para el desarrollo nacional.
- Muchas universidades quedarán al borde de la parálisis operativa.
La universidad pública no es un gasto: es una inversión estratégica en conocimiento, movilidad social y soberanía. Quitarle financiamiento es debilitar el futuro del país.
Discapacidad: instituciones en emergencia y derechos en riesgo
Aún más grave resulta la eliminación de la Emergencia en Discapacidad, una ley que reconocía una situación crítica y permitía sostener el funcionamiento de centros de día, hogares, talleres protegidos, transportistas y profesionales que trabajan con personas con discapacidad.
La derogación implica:
- Falta de actualización de aranceles frente a costos crecientes.
- Riesgo de cierre de instituciones que ya trabajan al límite.
- Interrupción de tratamientos, apoyos y prestaciones esenciales.
- Mayor carga económica y emocional sobre las familias.
Para las personas con discapacidad, esto no es una discusión abstracta: significa menos atención, menos acompañamiento y menos inclusión. En muchos casos, significa quedar directamente desamparadas.
Un ajuste que golpea a los más vulnerables
El Gobierno justifica estas medidas en nombre del equilibrio fiscal y el superávit, pero el ajuste vuelve a recaer sobre sectores estratégicos y poblaciones vulnerables. Mientras se eliminan herramientas de protección social y educativa, se consolidan recortes que afectan derechos consagrados por leyes nacionales y tratados internacionales.
La discusión del Presupuesto 2026 no es solo contable. Es una discusión política y ética sobre qué Estado se quiere construir y a quiénes se elige proteger.
Universidades públicas y personas con discapacidad no son privilegios: son derechos. Y su eliminación del marco presupuestario representa una grave señal de retroceso social, con consecuencias que pueden ser difíciles de revertir.