Este jueves se desarrolla un paro nacional del sector de la discapacidad en reclamo de la actualización urgente de los aranceles del nomenclador, pagos en término y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados fue postergado para la próxima semana. La protesta incluye a transportistas, centros de día, hogares, terapistas, usuarios y familiares en todo el país, bajo la consigna “No al ajuste en discapacidad”.
En Cañuelas, la Fundación IPNA, con base en Alejandro Petión, se encuentra en una situación crítica. Desde 1988, la institución trabaja por la inclusión social de personas con discapacidad, pero hoy la falta de actualización de los aranceles por parte del Estado Nacional pone en riesgo la atención de más de 90 jóvenes. Allí trabajan 24 personas brindando apoyo integral, pero los recursos no alcanzan. Desde enero de 2025 no hay aumentos y los últimos cinco meses de 2024 cerraron con actualizaciones menores al 1% mensual, mientras que los costos de alimentos, insumos y sueldos no dejan de subir.
“Esto no es solo un problema económico, es una cuestión de derechos humanos”, expresó una usuaria del centro. “Si cierran, perdemos tratamientos, vínculos, independencia. Es como desaparecer de la vida comunitaria”. Desde la Fundación advirtieron que no han recibido respuestas del Gobierno Nacional a los reiterados pedidos de audiencia.
La situación de IPNA refleja lo que ocurre en más de 250.000 casos en todo el país. Instituciones cierran, familias quedan desamparadas y profesionales deben reducir jornadas o suspender servicios. El arancel del transporte, por ejemplo, no cubre el valor real del combustible ni los costos mínimos de funcionamiento. Mientras tanto, talleres protegidos mantienen pagos congelados en $28.000 mensuales desde febrero de 2023, lo que condena a la indigencia a miles de trabajadores con discapacidad.
Además del ajuste presupuestario, otro factor de tensión es la auditoría masiva de pensiones por discapacidad. Aunque el control del Estado es necesario, organizaciones advirtieron que el proceso fue improvisado y desorganizado. Muchas personas no fueron notificadas o no entendieron que debían presentarse, y en los últimos 14 meses solo se otorgaron 586 pensiones de más de 500.000 solicitudes. “Se trata de una política que, lejos de garantizar derechos, los vulnera”, señalaron instituciones en todo el país.
En este contexto, declaraciones recientes del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, profundizaron la indignación del sector. Durante una entrevista pública, el funcionario relativizó el reclamo de transportistas al afirmar:
“Yo también tengo que pagar los peajes”, sugiriendo que las personas con discapacidad pueden solicitar el pase libre y que el reclamo económico carece de fundamento.
Más grave aún fue su afirmación de que
“la discapacidad no es un problema del Estado, es un problema de la familia”, una frase que fue ampliamente repudiada por familiares, profesionales y organizaciones sociales, quienes señalaron que refleja un retroceso institucional y una violación al marco normativo de la Ley Nacional de Discapacidad (24.901) y tratados internacionales ratificados por Argentina.
Mientras tanto, el tratamiento legislativo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido impulsado por bloques opositores, fue postergado. La norma propone garantizar fondos específicos para actualizar los aranceles y proteger la red de atención del sector hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el Gobierno Nacional expresó su “enérgico rechazo”, calificando la iniciativa como “asistencialista y regresiva”, y negando que la crisis actual justifique un tratamiento especial.
Desde el sector, afirman que no se trata de privilegios, sino de garantizar derechos básicos: acceso al transporte, a la educación, al trabajo, a una vida autónoma en comunidad. Por eso, pese a las dilaciones y los agravios, este jueves volverán a marchar familias, instituciones y trabajadores en distintos puntos del país, para que la emergencia de las personas con discapacidad sea escuchada.
