La tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero volvió a escalar tras la media sanción de la Reforma Laboral impulsada por la gestión de Javier Milei. Aunque la Cámara de Diputados introdujo cambios —entre ellos la eliminación del artículo 44, vinculado a las licencias médicas por enfermedad— el proyecto deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva. Y frente a ese escenario, los sectores sindicales más combativos decidieron redoblar la presión.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció un paro nacional de 36 horas para la próxima semana, en coincidencia con el día en que la Cámara Alta vuelva a debatir la iniciativa. La medida incluirá una movilización al Congreso durante las primeras 12 horas, con el objetivo de visibilizar el rechazo a lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
Desde el espacio sindical sostienen que las modificaciones realizadas en Diputados no alteran el núcleo de la reforma, al que califican como regresivo y perjudicial para los trabajadores. Advierten que el proyecto consolida un modelo de flexibilización que debilita la protección laboral, precariza las condiciones de empleo y fortalece el poder de negociación de los sectores empresariales en detrimento de los asalariados.
El FreSU está integrado por más de un centenar de organizaciones gremiales, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Aceiteros, gremios aeronáuticos y estatales. En conjunto, remarcan que la discusión no se limita a un artículo puntual, sino que pone en juego el esquema general de derechos conquistados durante décadas de lucha sindical.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que analiza avanzar por la vía judicial si el Senado ratifica la ley. Desde la central obrera sostienen que la reforma vulnera principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo y a la no regresividad de los derechos sociales.
El paro anunciado promete ser una nueva demostración de fuerza en un clima social cada vez más tenso. Con el oficialismo decidido a avanzar con su agenda y amplios sectores del sindicalismo movilizados para frenarla, la próxima sesión en el Senado se perfila como un punto de fuerte confrontación política y sindical.