Como ocurre cada miércoles desde la implementación del llamado “protocolo antipiquetes”, los alrededores del Congreso de la Nación volvieron a ser escenario de una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad. Esta vez, el saldo fue especialmente grave: un jubilado terminó con la cabeza abierta y debió ser asistido de urgencia por personal médico, mientras que otro manifestante, que se movilizaba con muletas, fue empujado brutalmente por un efectivo policial y cayó al suelo.
La protesta, integrada en su mayoría por jubilados y organizaciones sociales, se desarrollaba de manera pacífica en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, que vienen golpeando con dureza a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la intervención policial volvió a escalar rápidamente y dejó imágenes que generaron indignación en redes sociales y entre quienes estaban presentes en el lugar.
En uno de los videos que circularon durante la tarde se observa a un grupo de médicos y voluntarios asistiendo a un hombre mayor que presentaba una herida visible en la cabeza, producto de un golpe recibido durante el operativo. Según relataron testigos, el ataque habría sido realizado con una cachiporra u otro elemento utilizado por las fuerzas de seguridad, en el marco del avance policial sobre los manifestantes.
Otro registro audiovisual muestra una escena igualmente alarmante: un efectivo policial discute con un grupo reducido de personas sobre la vereda y, de manera repentina, se da vuelta y empuja con violencia a un hombre que se desplazaba con muletas. La víctima cae al piso sin posibilidad de defenderse, evidenciando el nivel de desproporción y brutalidad del accionar policial. Por fortuna, no sufrió un impacto directo contra el asfalto que podría haber derivado en consecuencias aún más graves.
Estos hechos se suman a una larga lista de episodios represivos que se repiten semana tras semana frente al Congreso, en el marco de manifestaciones que reclaman por jubilaciones dignas, medicamentos, y el freno al ajuste impulsado por el gobierno libertario. Lejos de abrir instancias de diálogo, la respuesta oficial parece consolidarse en la criminalización de la protesta social y el uso de la fuerza contra adultos mayores.
Mientras tanto, crece la preocupación por la escalada represiva y el silencio del Ejecutivo nacional ante imágenes que exponen con crudeza el costo humano de su política de “orden”, aplicada sin distinción y con especial ensañamiento sobre quienes menos tienen.