El Gobierno nacional concretó una nueva colocación de deuda por 3.000 millones de dólares, una operación destinada principalmente a cubrir vencimientos y obligaciones ya existentes. Pese a ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente la operación en redes sociales con mensajes de tono irónico, lo que volvió a encender el debate político y social.
La emisión no apunta a inversiones productivas ni a programas de reactivación, sino a refinanciar compromisos previos, una dinámica que vuelve a poner sobre la mesa el problema estructural del endeudamiento. En un escenario marcado por la recesión, la caída del consumo y el deterioro del ingreso, el anuncio oficial fue presentado como una señal positiva para los mercados, pero sin referencias al impacto concreto que estas decisiones tienen sobre la economía cotidiana.
Desde el Ejecutivo sostienen que la operación permite ordenar el frente financiero y evitar sobresaltos mayores. Sin embargo, economistas y sectores críticos advierten que tomar nueva deuda para pagar deuda anterior no resuelve el problema de fondo, sino que lo traslada hacia adelante, en un contexto social cada vez más ajustado.
En ciudades del interior bonaerense, como Cañuelas, esa lógica se traduce en efectos visibles: menos actividad comercial, dificultad para sostener puestos de trabajo y mayor incertidumbre para familias y pequeñas empresas. Mientras el Estado se financia para cumplir con acreedores, los ingresos pierden poder de compra y el consumo sigue sin repuntar.
Más allá del aspecto técnico, el foco también está puesto en el mensaje político. El tono festivo con el que se comunicó la operación contrasta con una realidad donde el esfuerzo recae, una vez más, sobre la mayoría de la sociedad. La discusión de fondo sigue abierta: cómo se sale del círculo de endeudarse para pagar deuda sin agravar el costo social.