El presidente Javier Milei volvió a avanzar contra la educación pública: en la tarde del miércoles se publicó en el Boletín Oficial el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional y que buscaba garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades, reforzar la investigación, ampliar becas y recomponer los salarios de docentes y no docentes.
El Gobierno justificó la decisión con los mismos argumentos de siempre: falta de fuentes de financiamiento, riesgo inflacionario y aumento “desmedido” del gasto público. Sin embargo, desde el ámbito académico advierten que sin esa ley el sistema universitario corre un serio riesgo de parálisis. Es la segunda vez que Milei veta esta iniciativa: ya lo había hecho en 2024.
La respuesta no tardó en llegar. La Federación de Universidades Nacionales (FEDUN) anunció un paro de 24 horas para este viernes 12 en todas las casas de estudio del país. Además, junto al Frente Sindical Universitario, estudiantes y organizaciones académicas, confirmaron la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que coincidirá con el debate en el Congreso para rechazar el veto presidencial.
El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, advirtió sobre la pérdida salarial de los trabajadores universitarios frente a la inflación y remarcó que la universidad pública es un derecho humano fundamental y un pilar estratégico para el desarrollo nacional.
La norma vetada contemplaba la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación, la convocatoria obligatoria a paritarias para que los salarios no quedaran por debajo del costo de vida, un refuerzo en becas estudiantiles, inversión en hospitales universitarios, programas de extensión e investigación, además de un fondo inmediato de 10.000 millones de pesos para poner en marcha las medidas. También proyectaba elevar gradualmente la inversión estatal en universidades hasta el 1,5 % del PBI en 2031.
El veto a la ley universitaria se suma a una larga lista de rechazos firmados por Milei desde que asumió: aumentos a jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad, asistencia a Bahía Blanca tras el temporal, y la movilidad jubilatoria. En todos los casos, el presidente mostró su decisión de ajustar sobre los sectores más vulnerables y desfinanciar áreas clave como la educación y la seguridad social.