Tras un primer año de gestión marcado por improvisaciones, viajes fallidos y un deterioro acelerado de la economía real, Javier Milei decidió apostar su capital político a una reforma laboral que busca modificar de raíz el esquema de derechos conquistados por los trabajadores argentinos a lo largo de más de un siglo. El problema para el oficialismo es que el tiempo corre y los efectos del modelo libertario empiezan a sentirse con fuerza en la vida cotidiana.
El reciente viaje del Presidente a Oslo, que terminó sin la foto internacional que el Gobierno esperaba, fue otro episodio que dejó al desnudo la fragilidad de una política exterior centrada casi exclusivamente en el alineamiento automático con Estados Unidos y los intereses de Donald Trump. La ausencia de la dirigente venezolana María Corina Machado frustró una escena cuidadosamente planificada, y Milei regresó sin el respaldo simbólico que buscaba exhibir.
Lejos de generar cuestionamientos profundos, este nuevo traspié fue relativizado por una parte importante del sistema mediático. En otro contexto político, los viajes sin resultados concretos o con fines personales habrían provocado fuertes críticas. En el caso del gobierno libertario, parecen haberse naturalizado como parte del paisaje.
A su regreso al país, Milei dejó en claro cuál es su prioridad central: la reforma laboral. Incluso antes de abandonar el aeropuerto, se mostró firmando el proyecto impulsado por estudios jurídicos ligados a grandes empresas, una iniciativa que apunta a reducir indemnizaciones, debilitar la organización sindical y retroceder en derechos laborales básicos, en una línea que remite a etapas previas a las grandes conquistas del movimiento obrero.
No es la primera vez que un gobierno de derecha intenta avanzar en este sentido. Mauricio Macri lo intentó tras su victoria electoral de 2017, pero el estallido social provocado por la reforma previsional lo obligó a retroceder. Aquella experiencia parece haber dejado enseñanzas en el actual oficialismo, que ahora busca un camino más gradual pero igual de profundo.
El esquema es claro: primero una reforma laboral que golpee a los trabajadores activos, luego cambios tributarios regresivos y, finalmente, una transformación estructural del sistema previsional. Mientras tanto, el ajuste ya se siente en los jubilados, con bonos congelados y haberes que pierden poder adquisitivo mes a mes.
Milei es consciente de que el respaldo obtenido en las urnas empieza a erosionarse. La economía productiva está paralizada, las pymes cierran, el empleo se destruye y la inflación se mantiene en niveles elevados, sin mostrar la desaceleración prometida. Incluso el sector financiero, principal beneficiado del modelo, comienza a mostrar señales de agotamiento.
Por eso el Gobierno busca acelerar los tiempos. El objetivo es aprobar tanto el Presupuesto como la reforma laboral antes de que termine 2025. Para lograrlo, la Casa Rosada apuesta a acuerdos parlamentarios sostenidos por gobernadores y legisladores que, pese a provenir del peronismo u otros espacios opositores, han colaborado activamente con el oficialismo en votaciones clave.
Sin embargo, la reforma laboral aparece como un obstáculo mayor. El texto impulsado por Federico Sturzenegger generó un rechazo amplio: desde sindicatos hasta jueces laborales, que advirtieron que su aprobación implicaría la virtual desaparición del fuero del trabajo. Incluso sectores dialoguistas de la CGT se vieron obligados a endurecer su postura frente a un proyecto que amenaza con desmantelar la representación gremial.
El oficialismo confía en una narrativa que responsabiliza a los trabajadores y a los sindicatos por la crisis, mientras minimiza el impacto del ajuste. También apuesta a un escenario de desmovilización social. Pero la comparación internacional expone las diferencias: mientras en Portugal millones de personas se movilizan contra una flexibilización similar, en Argentina el Gobierno espera que la resistencia sea limitada.
El debate, lejos de resolverse rápidamente, promete ser largo y conflictivo. Y en ese camino, Milei arriesga mucho más que una ley: pone en juego el resto del capital político que le queda.