Tras volver de Oslo, Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias, abiertas desde el 10 de diciembre. El Gobierno la presenta como una “modernización histórica”, pero el texto —de 71 páginas y 197 artículos— implica una flexibilización profunda del sistema laboral argentino, desde indemnizaciones y jornadas hasta vacaciones, aportes y derecho a huelga. Un paquete que, lejos de apuntar a generar empleo, busca desarmar conquistas históricas del movimiento obrero.
En el Senado, la iniciativa es impulsada por Patricia Bullrich, aunque aún no ingresó formalmente. Sin ese paso, no pueden constituirse las comisiones. El oficialismo apuesta a iniciar el tratamiento la semana próxima, en medio de fuertes críticas gremiales y del rechazo que ya anticipó la CGT.
El comunicado oficial intenta justificar la reforma señalando que la legislación actual “expulsó a millones del mercado formal”, sin reconocer que la crisis de empleo está directamente vinculada al derrumbe económico provocado por las propias políticas de Milei. Para los sindicatos, el Gobierno busca responsabilizar a los trabajadores por un problema originado en el ajuste, la recesión y la pérdida del poder adquisitivo.
Los puntos clave de la reforma
El proyecto crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un 3% del salario del trabajador. Ese fondo reemplazaría el esquema indemnizatorio tradicional, reduciendo las cargas que hoy enfrentan los empleadores. Además, el cálculo de la indemnización se achica: ya no incluiría aguinaldo, vacaciones ni premios, y permitiría pagar en cuotas.
También se extiende el período de prueba a seis meses, donde cualquiera de las partes puede romper el vínculo sin indemnización, y se prohíbe que una empresa use ese período más de una vez con la misma persona.
En cuanto a la jornada laboral, habilita extenderla hasta 12 horas diarias, incorpora bancos de horas para compensar tiempo extra con descanso y permite fraccionar vacaciones en bloques más cortos, con un mínimo de 7 días corridos.
Otra modificación profunda aparece en el esquema salarial: se introduce el llamado “salario dinámico”, que separa qué rubros cuentan como salario y habilita pagos por productividad o mérito pactados por empresa. Incluso permite abonar en moneda extranjera o en especie —como alimentos o viviendas—, rompiendo el principio de salario exclusivamente en pesos.
El proyecto elimina la ultraactividad, lo que deja sin efecto la renovación automática de convenios, y prioriza acuerdos por empresa por encima de convenios generales. También incorpora restricciones al derecho a huelga, amplía la definición de “servicios esenciales” y establece sanciones por bloqueos o protestas en lugares de trabajo.
Además, otorga alivios fiscales a empresas, con reducción de impuestos como Ganancias y eliminación de ciertos tributos, bajo el argumento de promover inversiones.
Reacción sindical
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue categórico: esta reforma “no suma empleo, solo quita derechos”. Señaló que la indemnización es parte del esfuerzo del trabajador y que el problema real no es la legislación laboral, sino la economía destruida por las políticas del Gobierno. La central obrera ya prepara un plan de acción que anunciará en las próximas horas.
Lejos de ser una modernización, la reforma de Milei avanza sobre derechos conquistados durante décadas. Se presenta como “libertad”, pero implica precarización, pérdida de protección y un rediseño del sistema laboral a favor de las grandes patronales, en medio de una crisis que golpea especialmente a quienes viven de su trabajo.