El gobierno de Javier Milei volvió a generar una fuerte polémica tras publicar en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero, al mismo tiempo, suspender su aplicación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La decisión encendió críticas de la oposición, especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas al sector, que advirtieron que la medida es “inconstitucional” y un ataque directo a los derechos de las personas con discapacidad.
El Decreto 681/2025 sostiene que el actual presupuesto nacional “no cuenta con créditos suficientes” para garantizar la implementación de la ley, cuyo costo total estimado rondaría el 0,35 % del PBI. Según el texto oficial, solo el Congreso podría habilitar la ejecución plena mediante la asignación de nuevas partidas. Sin embargo, desde la oposición remarcaron que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de priorizar y reasignar fondos, en lugar de bloquear una norma votada y sancionada por mayoría en ambas cámaras.
Dirigentes de distintos espacios denunciaron que la maniobra constituye “nulidad absoluta e insanable”, ya que el Presidente no puede condicionar la entrada en vigencia de una ley ya aprobada por el Congreso. El radical Martín Lousteau cuestionó que Milei “le da la espalda a las personas con discapacidad” mientras beneficia a los sectores más concentrados de la economía. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que el Ejecutivo “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de leyes”, lo que viola la Constitución.
En la misma línea, Esteban Paulón (Encuentro Federal) calificó de “inédito” el incumplimiento abierto de una ley votada democráticamente, y advirtió sobre posibles denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que el decreto es “nulo” y habilita acciones judiciales, amparos colectivos e incluso la promoción de un juicio político contra el Presidente.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que se encuentra frenada por la decisión del Ejecutivo, incluye la creación de una pensión no contributiva, la garantía de acceso al Programa Incluir Salud, la actualización mensual de aranceles, compensaciones económicas para prestadores y beneficios impositivos para empleadores que contraten a personas con discapacidad.
El trasfondo es claro: mientras el Congreso había avanzado en una norma que busca mejorar la calidad de vida de un sector históricamente postergado, Milei la limita con un decreto que prioriza el ajuste fiscal por encima de los derechos sociales.