Mientras los hospitales públicos atraviesan una crisis cada vez más grave, el Gobierno de Javier Milei avanza con medidas de ajuste que afectan directamente a trabajadores y pacientes. Esta semana, el Ministerio de Salud anunció el despido de 110 personas del Hospital Posadas, en un mensaje cargado de hostilidad donde acusó a lxs trabajadorxs de ser “ñoquis”. Además, confirmó el descuento de días a quienes se sumaron al paro en el Hospital Garrahan.
La avanzada libertaria se da en medio de un profundo conflicto salarial y de condiciones laborales que sacude a los principales centros de salud del país. En el Posadas, las y los despedidos ya habían advertido que estaban en una situación de vulnerabilidad y habían enviado reclamos formales que jamás fueron respondidos. Sin conducción ni diálogo institucional —ya que el director del hospital renunció la semana pasada—, el Gobierno salió a justificar los despidos con una supuesta “auditoría interna”.
“Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas”, amenazó el comunicado oficial del Ministerio, en una clara señal de hostigamiento hacia el personal de la salud.
En paralelo, el Hospital Garrahan, otro emblema de la salud pública, también fue blanco de las políticas de castigo del Ejecutivo. El Gobierno ratificó que no ofrecerá mejoras salariales y penalizará a quienes hicieron paro por las condiciones laborales. A pesar de que estaba convocada una audiencia de conciliación obligatoria, ningún representante del Estado ni de la dirección del hospital asistió. Lejos de abrir canales de diálogo, el Gobierno exigió el levantamiento de la conciliación obligatoria, acusando al sindicato ATE de “romper la ley”.
El conflicto se agrava cada día más. Trabajadorxs del Posadas y del Garrahan se mantienen en pie de lucha, con asambleas, movilizaciones y planes de acción coordinados. “Repudiamos la amenaza de despidos a nuestrxs compañerxs. No vamos a dejar pasar este atropello”, señalaron desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes.
La situación en el Garrahan suma otro capítulo crítico: la presidenta del Consejo de Administración, Soraya El Kik, presentó su renuncia en medio del conflicto. Desde la Junta Interna de ATE denuncian que el Ejecutivo de Milei “vuelve a echar nafta al fuego” en lugar de proponer soluciones reales.
En un escenario cada vez más tenso, los trabajadores de la salud vuelven a ser víctimas del ajuste feroz que impulsa el gobierno nacional. Mientras el Ejecutivo continúa su cruzada contra los derechos laborales, la salud pública se desangra.
