El gobierno de Javier Milei volvió a generar polémica tras habilitar la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para uso civil. La medida, publicada en el Boletín Oficial, deroga la prohibición que regía desde los años noventa y abre la puerta a que particulares puedan acceder a armamento de alto poder de fuego, similar al de uso militar.
Según la nueva normativa, el Registro Nacional de Armas (RENAR) —organismo que depende del Ministerio de Seguridad— será el encargado de autorizar, fiscalizar y controlar este tipo de operaciones. Los “legítimos usuarios” y clubes de tiro podrán adquirir fusiles y subametralladoras semiautomáticas alimentadas con cargadores desmontables, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos.
Entre los puntos centrales del nuevo régimen se incluye la obligación de presentar documentación detallada sobre el origen y destino del arma, declaraciones juradas y justificaciones vinculadas al uso deportivo. El gobierno libertario asegura que este sistema reemplaza la prohibición por un esquema de control “más moderno y preciso”.
Sin embargo, la decisión despierta fuertes cuestionamientos en amplios sectores de la sociedad. Expertos en seguridad advierten que permitir la circulación de armas semiautomáticas entre civiles puede incrementar el riesgo de delitos violentos, accidentes domésticos y tráfico ilegal. Además, remarcan que la medida contradice la tendencia internacional de limitar el acceso a armamento de guerra fuera del ámbito militar o policial.
La gestión de Milei ya había dado señales en esta dirección meses atrás, cuando eliminó una resolución que restringía el acceso a este tipo de armas. Ahora, con la nueva disposición, el gobierno avanza de lleno en una política de “liberalización armamentista”, en línea con su discurso de “libertad individual”, aunque a costa de un mayor riesgo para la seguridad pública.