El gobierno de Javier Milei continúa avanzando hacia una economía cada vez más desregulada, informal y riesgosa. Este jueves, el Ejecutivo anunció una medida que habilita un nuevo blanqueo de capitales con mínimos controles, a contramano de las advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en su último informe advirtió sobre las graves deficiencias del país en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó las medidas tergiversando el diagnóstico del GAFI, sugiriendo que el organismo internacional había recomendado eliminar controles para “enfocar recursos donde realmente se necesitan”. En realidad, el informe del GAFI indica lo contrario: señala una preocupante falta de comprensión de los riesgos ligados a la informalidad y la corrupción, y urge a Argentina a fortalecer los mecanismos de supervisión y control financiero.
Pese a esto, el gobierno decidió derogar los regímenes de información para operaciones con tarjetas, compraventa de inmuebles y vehículos, y movimientos notariales y bancarios. Además, elevó el umbral de control para justificar el origen de fondos a 100.000 dólares. En la práctica, esto permite ingresar grandes sumas de dinero de origen incierto sin que el Estado haga preguntas.
Lejos de buscar la formalización de la economía, como afirman desde la administración, el equipo económico encabezado por Luis Caputo y Santiago Bausili parece decidido a promover una dolarización de facto basada en fondos ocultos, con todos los riesgos que esto conlleva: desde un nuevo ciclo de endeudamiento privado en dólares hasta el debilitamiento del sistema de prevención de delitos financieros.
El GAFI fue claro: el camino no es menos control, sino más supervisión y más inteligencia financiera. Argentina, según el organismo, debe enfocarse en combatir el lavado, la evasión, la corrupción y el mercado negro del dinero. El Gobierno, en cambio, prefiere celebrar el caos como si fuera un logro.
