El presidente Javier Milei ha generado controversia al cerrar una unidad de investigación creada en 2004 para esclarecer los delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina. La medida, tomada por decreto, ha sido criticada por organismos de derechos humanos y familiares de víctimas.
La unidad especial de investigación, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como objetivo principal encontrar a hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio. Sin embargo, el gobierno de Milei consideró que la unidad “violenta nuestro régimen constitucional” y que invadía competencias del Ministerio Público Fiscal.
La decisión ha sido calificada como un retroceso en la lucha por la memoria y la justicia. Los críticos argumentan que el cierre de la unidad obstaculiza la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas de la dictadura.
