El Gobierno de Javier Milei vuelve a poner en la mira a los recursos naturales del país. Según trascendió en las últimas horas, el Presidente prepara un cambio profundo en la Ley de Protección de Glaciares, una norma clave para resguardar las fuentes de agua en la cordillera. La iniciativa apunta a reducir controles y habilitar el avance de gigantes mineros que hoy no pueden operar por las restricciones ambientales.
El objetivo oficial es “destrabar inversiones”, aunque detrás de ese eufemismo aparecen proyectos valuados en miles de millones de dólares que esperan hace años el aval estatal para expandirse sobre zonas sensibles. Entre ellos sobresale El Pachón, de la firma Glencore, calculado en más de 9.500 millones de dólares. También figuran emprendimientos binacionales como Vicuña, protagonizado por BHP Group y Lundin Mining, que se encuentran paralizados ante la vigencia del inventario nacional de glaciares y las zonas periglaciales.
La estrategia del Gobierno se analiza en dos vías: enviar una reforma al Congreso o directamente avanzar por decreto. La primera alternativa daría mayor seguridad jurídica a las empresas beneficiadas por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta creada por Milei que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las corporaciones extranjeras mientras ajusta al pueblo trabajador, jubilados y provincias.
El corazón del conflicto está en la Ley de Glaciares sancionada en 2010, una conquista socioambiental impulsada incluso frente al veto presidencial que en su momento intentó imponer Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. La norma protege más de 16.000 cuerpos de hielo relevados en el país, incluidos glaciares rocosos y zonas periglaciales, fundamentales para la reserva de agua en la cordillera. Gran parte de estas formaciones se encuentran en San Juan, territorio minero por excelencia y aliado político del Gobierno.
Las empresas, representadas por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), presionan desde hace años para reducir el alcance del inventario nacional. Aseguran que es “demasiado amplio” y que imposibilita la explotación de la mayoría de los grandes proyectos de cobre. El caso de El Pachón es paradigmático: la compañía buscó que se desclasifique un glaciar rocoso que le bloquea la expansión, pero la Justicia federal rechazó ese pedido pese a que la provincia había intentado flexibilizar sus propios registros.
El macrismo ya había intentado modificar la ley sin éxito. La diferencia ahora es que Milei cuenta con el respaldo de una coalición legislativa más alineada con el lobby minero y con un Gobierno dispuesto a ceder soberanía ambiental para favorecer a grandes corporaciones internacionales. En medio del ajuste que sufren trabajadores y jubilados, el Ejecutivo avanza en reformas que priorizan el negocio privado y ponen en riesgo una de las reservas de agua más importantes del país.